Hasta donde yo sé el faisán es un ave de la familia de las gallináceas. Creo que es urogallo la denominación que recibe en el norte de España, concretamente en los Picos de Europa. No lejos de esas latitudes, y contra todo pronóstico –pues el faisán es un ave que vende cara su presencia–, durante estos días se habla de él en algunos medios de comunicación. Ciertamente su canto no lo ha dejado oír y su presencia ha trascendido, no por el vistoso color de su plumaje, sino por lo oscuro del mismo.
Algunas circunstancias relacionadas con el bar Faisán de Irún pueden tener paralelismos (salvando la gran distancia que hay entre un hecho y otro), con los atentados del 11-M, y por supuesto también algunas diferencias. Una de las similitudes puede ser el silencio que el Ejecutivo y sus medios de comunicación mantienen sobre ambos, cuestionando muy seriamente la vigencia de nuestro Estado de Derecho. Otra similitud se puede constatar si observamos la ausencia de pruebas en ambos casos; en el caso del 11-M dicha ausencia clama al cielo: inexistencia de grabaciones en las estaciones, desaparición inmediata de los trenes y pérdida de restos con un peso de noventa toneladas, desaparición de las muestras tomadas en los trenes por los Tedax (correctamente referenciadas y numeradas), desaparición de los registros analíticos sobre las veintitrés muestras que posteriormente se entregaron para la pericia sin ser válidas analíticamente; la instrucción del juez Del Olmo (cerrada a cal y canto hasta poco antes de finalizar y orientada más que a descubrir la verdad, a hacer coincidir la citada investigación con la teoría islamista); otro tanto se puede decir de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, volcada totalmente en encontrar autores materiales e intelectuales que no aparecieron en la sentencia. Creo que estos ejemplos y otros muchos que callo por la brevedad de este artículo, pueden ser demostrativos de que existe un paralelismo en el comportamiento de los órganos estatales y judiciales entre ambos casos.
En el caso del bar Faisán de Irún tanto el juez de la Audiencia Nacional como el fiscal de la misma han impedido hasta el momento cualquier investigación para descubrir la verdad. Si este hecho resulta muy grave en un Estado de Derecho, ¿qué no se puede decir de un atentado terrorista en el que murieron 193 personas y quedaron con heridas residuales reconocidas 1850?
Un país y la sociedad que lo conforma no puede ser testigo mudo ante comportamientos de este calibre por parte de los rectores de nuestra sociedad y los garantes de nuestra convivencia en paz.
Me gustaría recibir explicaciones desde todos los órganos del Estado y concretamente desde el Ministerio del Interior, desde la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y desde la Fiscalía que ejerció la acusación pública en la vista del 11-M, de las razones por las que se desviaron tanto de su recta y lógica actuación así como del silencio más absoluto sobre la masacre del 11 de marzo que sin lugar a dudas no es un caso cerrado. En el supuesto de que ellos tengan sus razones para obrar así, lo mínimo exigible es que nos hagan a las víctimas y a la sociedad partícipes de las mismas.