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Gabriel Moris

Lo que no puede esconderse en el silencio

Ya que en España ni el Estado, ni la ciudadanía, ni muchas víctimas están por la labor de hacer lo que deben –esclarecer el 11M– sugiero que el juez Garzón inicie la investigación pendiente desde la Corte Penal Internacional de La Haya.

Gabriel Moris
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Si hay claro algo para los interesados en seguir las investigaciones sobre el 11-M es que la versión oficial es una falacia. Esta afirmación la hago tomando como referencia las investigaciones realizadas por los pocos medios de comunicación no sometidos al nuevo estado nacido a raíz de la masacre de Madrid.  

Lo citado anteriormente tiene su origen en la forma y el modo en que se gestó lo que se ha venido en denominar la versión oficial de los atentados de los trenes de cercanías. Aunque para algunos resultará inútil recordar las versiones que no explican los hechos, desde que se produjo el atentado hasta que la versión oficial tomó cuerpo, conviene recordar que inicialmente se habló de la autoría etarra y del Titadyn con cordón detonante. Sólo gracias a la furgoneta Kangoo y a los teléfonos de algunos confidentes policiales la primera versión mutó en hipótesis árabe-islamista. A partir de entonces todas las pesquisas y todas las investigaciones policiales y judiciales se empeñaron en verificarla. Es más, muy pronto se proclamó como absoluta y única verdad por el presidente del Gobierno en su intervención de noviembre de 2004 ante la comisión parlamentaria de investigación: "Está todo claro, el autor de los atentados ha sido un grupo islamista radical".

Por entonces el sumario que instruía el ínclito juez Del Olmo estaba cerrado a cal y canto y orientado obsesivamente a reforzar lo que ya se conocía como versión oficial. No obstante, ni ETA ni Al Qaeda se sentaron en el banquillo. Ni se les juzgó ni se les condenó. El carácter islamista de los tres condenados por su participación en los atentados, tampoco resultó evidente. Conviene observar que ninguno de ellos tenía conexiones con grupos islamistas controlados antes o después de los atentados.

El silencio puede ser una buena herramienta en el ámbito personal, ya que permite la reflexión serena e incluso la comunicación con la parte trascendente del ser humano. Sin embargo, el silencio que rodea al 11-M no es personal. Es tan institucional como cobarde. Tan oficial como desalmado. Delata a quienes lo practican, desprecia el sufrimiento de las víctimas, y a todos debilita como ciudadanos libres. 

Seis años después del asesinato de mi hijo, víctima de un atentado indiscriminado, injustificado y no investigado, creo que me asiste el deber y el derecho de reclamar que todas las instancias del Estado abandonen el silencio e investiguen lo que no investigaron, recuerden lo que no olvidamos, y nos ofrezcan la verdad que hasta ahora nos negaron.

Tres reseñas que podrían ilustrar lo que han podido leer:

Lo que respondió Julio Anguita cuando le preguntaron por el 11M: "Me sugiere la similitud con la intervención de un enfermo de cáncer en que los médicos, al verificar la metástasis, deciden coser y dejar al enfermo por considerarlo en estado terminal". La trascripción no es literal pero sí su sentido.

En sendos programas radiofónicos, dos dirigentes del PP –la alcaldesa de Cádiz y el subsecretario de comunicación del partido– al ser preguntados sobre la conveniencia ó no de seguir investigando el 11M, ambos respondieron afirmativamente, alegando que no se conocía toda la verdad.

Recientemente, el ministro del Interior ha negado reiteradamente a AAVV11M la entrega de los procedimientos de actuación de los Tedax; sin embargo, los documentos que ahora se niegan a los que quieren saber de la actuación de Sánchez Manzano, fueron esgrimidos públicamente por él, cuando, sin éxito, acusó a varios periodistas de mentir.

¿Por qué se impide con tanto empeño una verdadera investigación? Ya que en España ni el Estado, ni la ciudadanía, ni muchas víctimas están por la labor de hacer lo que deben –esclarecer el 11M– sugiero que el juez Garzón inicie la investigación pendiente desde la Corte Penal Internacional de La Haya. No encontraría mejor modo de servir a la justicia española y mundial.

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