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Gabriel Moris

Verdad y justicia

Desde la voluntad de algunas víctimas y de una parte de la sociedad civil seguimos exigiendo a nuestros políticos, a los jueces de la Audiencia Nacional y a la cúpula policial que no sigan ocultándonos la verdad del 11-M.

Gabriel Moris
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Al hilo de la elección de la sede olímpica para el año 2016, he tenido la ocasión de presenciar unas imágenes ciertamente prometedoras e incluso enternecedoras. Todos los españoles hemos podido contemplar como los altos dignatarios estatales transmitían la imagen de estar unidos en torno a un proyecto común y de haber trabajado codo con codo en la presentación del mismo en la capital danesa. Ciertamente, daban la sensación de compartir el sentido de unidad y responsabilidad que las sociedades democráticas deben exigir a sus dignatarios. Los resultados de dicho esfuerzo no han correspondido a las expectativas puestas en el mismo, no obstante, el haber llegado a la final supone un espaldarazo a la labor realizada por todos los que han trabajado en el proyecto.

Espíritu de colaboración y de participación que se echa en falta en objetivos comunes tal vez de mayor trascendencia que el obtener la designación de Madrid como sede olímpica, por ejemplo la crisis económica que vivimos. Otro tanto podríamos decir del terrorismo, este problema que parece haber pasado al baúl de los recuerdos. Concretamente nos podemos ceñir al atentado terrorista del 11-M por su magnitud y trascendencia. Soy consciente de que el terrorismo es una lacra difícil de combatir, pero no hace muchos años se llevaron a cabo políticas antiterroristas que se mostraron eficaces.

Sobre al atentado del 11-M, podríamos afirmar que nuestros representantes sociales y políticos están adoptando últimamente una actitud de unidad en el sentido de impedir que la verdad y la justicia se hagan realidad en el mayor atentado terrorista perpetrado en Europa. En este caso, nuestros líderes coinciden en el silenciamiento y el olvido de la tragedia. No se aprecian abrazos explícitos pero la sensación de acuerdos tácitos es patente.

Desde los estamentos públicos, nada más producirse el atentado, se filtró la idea de que lo había cometido ETA. No habían pasado cuarenta y ocho horas cuando se cambió dicha información por la autoría islamista. La imputación a ETA no sabemos a qué pruebas obedecía, en cambio el afianzamiento de la hipótesis islamista se apoyaba en la existencia de terroristas suicidas en los trenes (falacia no desmentida) y en la aparición de Goma 2 ECO en zonas próximas a los trenes. Transcurridos cinco años y medio del atentado y celebrado el único juicio sobre el mismo, el autor material condenado por su presencia en los trenes ha sido Jamal Zougan. El historial de este sujeto no parece asociado ni al islamismo ni al terrorismo. La sentencia del tribunal de la Audiencia Nacional condenaba como autores materiales a los fallecidos en Leganés y dejaba fuera de toda sospecha la autoría de Al Qaeda. También se echaba en falta la ausencia de autor intelectual. El Tribunal Supremo no ratificó, como es obvio, la condena a unos fallecidos que no tuvieron oportunidad de defenderse.

"España no se merece un gobierno que nos mienta", efectivamente, no se merece un gobierno que nos mienta, pero al día de hoy seguimos sin conocer la verdad de lo ocurrido. Tampoco se merece un gobierno que se conforme con el estado actual de las investigaciones. Ni la interinidad en el Ejecutivo del PP ni los dos gobiernos sucesivos del PSOE han tenido el objetivo común de trabajar codo con codo para dar a conocer a las víctimas, al pueblo español y al mundo entero su capacidad para cumplir con el primer deber de cualquier gobernante: garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En contraste con lo vivido en Copenhague no puede ser más deprimente para una víctima del terrorismo que lucha por conocer quién, por qué y para qué mataron a su hijo el 11-M.

Si echamos una mirada retrospectiva al trabajo realizado por la policía judicial, así como por los jueces de la Audiencia Nacional se aprecia lo siguiente:

  1. La instrucción del sumario fue un ejercicio de adecuación del mismo a la teoría elaborada sobre las razones y la autoría de la masacre.
  2. Como apuntábamos anteriormente, después de las ciento quince detenciones iniciales de sospechosos sólo se ha condenado a la persona ya citada. Nos parece que la parafernalia desarrollada para realizar tantas detenciones así como para explicarnos las tramas que produjeron el atentado no ha dado hasta hoy un resultado positivo, ni siquiera sobre la autoría del mismo.
  3. Después de hacerse firme la sentencia por el Tribunal Supremo, no parece muy aventurado decir que todo lo realizado policial y judicialmente sobre la investigación de la masacre ha sido un rotundo fracaso. Los ascensos a un determinado número de responsables que contribuyeron a dicho fracaso producen repugnancia en cualquier mente medianamente informada. ¿Cómo se puede premiar a los que sólo han contribuido a impedir que la verdad siga sin conocerse y la justicia por ende siga sin practicarse?

Desde la voluntad de algunas víctimas y de una parte de la sociedad civil seguimos exigiendo a nuestros políticos, a los jueces de la Audiencia Nacional y a la cúpula policial que no sigan ocultándonos la verdad del 11-M y aplicando a todos los responsables de lo ocurrido la legislación de nuestro Estado de derecho. Nuestra constitución consagra nuestro derecho a realizar tales exigencias.

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