El resultado de las elecciones del 26 de septiembre en Venezuela le ha dado esperanza a la oposición de ese país y a la democracia en América Latina. Aunque haberle quitado a Chávez la mayoría calificada para aprobar leyes es un logro considerable, esto no necesariamente impedirá que el mandatario venezolano siga siendo de todas maneras el legislador único en su país.
A fines de julio de este año, la Asamblea Nacional de Ecuador cumplió su primer año. A pesar de que la oposición ecuatoriana ha tenido mucho más espacio que aquel que tendrá la oposición venezolana, el Ejecutivo ha logrado convertirse en el primer proponente de proyectos de ley y el que más cuerpos legales logró aprobar y todo sin la fiscalización de la Asamblea. Cuando intentó iniciar un juicio político al Fiscal General de la nación, gran parte de los asambleístas de la bancada oficialista –presionados por el presidente– se valieron de una interpretación rebuscada del reglamento interno de la Asamblea para evitar siquiera iniciar el juicio político.
Chávez podría tomar nota de algunas estrategias del gobierno de Correa. Por ejemplo, considere lo que sucedió aquí con la ley de educación. Luego de una ardua negociación entre asambleístas de oposición y oficialistas y representantes de universidades públicas y particulares se logró aprobar la ley en torno a varios consensos que luego no sirvieron para nada ya que el presidente vetó todo lo consensuado y su bancada oficial no dio los votos para revertir el veto. El presidente Chávez podría hacer esto valiéndose del artículo 214 de la Constitución de Venezuela.
El mandatario venezolano también podría ordenarles a los asambleístas de la bancada oficialista no ir al congreso para que no haya el quórum necesario para que comience una sesión. Incluso los podría secuestrar en otra habitación del edificio de la Asamblea, como lo hicieron el secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera y el canciller Ricardo Patiño al reunirse con los asambleístas del partido del gobierno hasta que expirara el periodo para debatir la ley. Así fue cómo la ley de hidrocarburos entró en vigencia sin segundo debate, tal como lo deseaba el Ejecutivo.
Al final del día, aunque las victorias electorales sean importantes, puede serlo todavía más la voluntad democrática del presidente. Si Chávez creyera que la democracia va más allá de ganar elecciones, respetaría las decisiones de una asamblea independiente. En los países con democracias constitucionales, en los que se respeta la separación de poderes, las asambleas suelen fiscalizar y producir leyes que no siempre son del agrado del Ejecutivo.
El jueves pasado hubo una sublevación policial en parte porque aquí ya casi nadie cree que la Asamblea sea un espacio de diálogo capaz de resolver conflictos con independencia del Ejecutivo.
Lástima que el secretario general de la OEA se haya olvidado de que la Carta Democrática Interamericana protege a la democracia constitucional en la que los presidentes tienen poderes limitados. Muchos atropellos a derechos fundamentales en las Américas se habrían evitado –y se podrían evitar todavía– si se aplicase cabalmente los principios de esa Carta. Pero parece que al señor Insulza solo le preocupa proteger a los presidentes, incluso a aquellos que violan repetidamente esa Carta.