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Gabriela Calderón

Los políticos y sus intereses personales

¿Cómo evitar la compra y venta de votos, la toma de decisiones ineficientes para la sociedad por parte de los políticos? Los expertos de la escuela de la elección pública sugieren reducir el presupuesto del gobierno central.

Gabriela Calderón
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Ahora que se habla mucho del retorno a las viejas prácticas de la partitocracia en la Asamblea Nacional, vale la pena explicar por qué las cosas no han cambiado tanto como se esperaba. El economista Gordon Tullock y James Buchanan, este último ganador del Premio Nobel, articularon la escuela de la elección pública, la cual explica el comportamiento de los políticos en general.

Según Tullock, "debemos aceptar que en el gobierno, así como en cualquier forma de comercio, la gente buscará promover sus intereses privados", señala Tullock.

Sin embargo, hay una diferencia clave entre el mercado político y los mercados privados: en los mercados privados los individuos con intereses personales toman decisiones que principalmente los afectan a ellos, mientras que en los mercados políticos los individuos con intereses personales toman decisiones que principalmente afectan a otros.

En el caso de las legislaturas en países donde el Estado tiene mayor tamaño y envergadura y donde la constitución permite que se cree todo tipo de leyes que violen el principio de igualdad ante la ley (lo que expliqué la semana pasada), cada legislador tiene el poder de contribuir a la obtención de un privilegio para determinado grupo y estará sometido a la tentación de ser comprado. Por ejemplo, los cambios en la tributación, la ley de educación superior o el código de la producción, todos son buenos ejemplos de legislaciones que beneficiarán a un grupo de ciudadanos más que al resto de la sociedad.

El ejemplo más ilustrativo de esto son las protecciones arancelarias. Por ejemplo, al pequeño grupo de productores ecuatorianos de zapatos le interesa organizarse políticamente para ejercer presión sobre el Ejecutivo (quien determina la política comercial en nuestro país) para que éste cree un arancel en contra de las importaciones de zapatos. Como el coste total de este privilegio para los productores de zapatos está distribuido entre los 13,4 millones de ecuatorianos, el coste de organizarse políticamente para el resto supera al coste en que cada uno ha incurrido al pagar el alza artificial de los zapatos importados. De hecho, y hasta donde yo sé, no hay un grupo de "defensores del consumidor de zapatos" que haya protestado frente a la medida.

El resultado es que se cobra un impuesto (el arancel) sobre cada par de zapato importado para beneficiar a los productores y empleados en la industria de zapatos. Se hace lo mismo para los fabricantes de automóviles, la industria de textiles, las farmacéuticas y una larga lista que aquí no entra. Todos estos privilegios sumados les pasan una factura considerable a los consumidores ecuatorianos y les aseguran ganancias a muchos empresarios que de otra manera se verían obligados a competir con los productos internacionales.

¿Cómo evitar la compra y venta de votos, la toma de decisiones ineficientes para la sociedad por parte de los políticos? Los expertos de la escuela de la elección pública sugieren reducir el presupuesto del gobierno central y en general la capacidad del Estado de conceder favores. Aquí, en cambio, cada vez le damos más poder y dinero al Estado para que los políticos puedan conceder privilegios, enturbiando el quehacer político.

© El Cato

Gabriela Calderón, editora de elcato.org y columnista de El Universo (Ecuador).

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