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Gádor Joya

La realidad del movimiento provida

Hoy por hoy las ayudas a las mujeres embarazadas se financian en su mayoría con dinero privado y el Estado se ahorra millones de euros gracias al trabajo de cientos de voluntarios.

Viene siendo habitual que, coincidiendo con el final del año y con que todas las empresas andan cerrando cuentas y evaluando beneficios y pérdidas, el ministerio de Sanidad publique las cifras de abortos del año anterior, "in extremis" y que, por desgracia, éstas aumenten de año en año.

No sé si publican estos datos ahora que la gente está ya liada con los preparativos de la Navidad y metiendo la mano en el bolsillo para hacer compras, y ahora que las empresas andan preocupadas con sus cuentas, para que el tema pase lo más desapercibido posible, pero lo cierto es que estas cifras son escalofriantes y confirman lo que muchos venimos anunciando: sin una política progresista de verdad, que ayude a la mujer embarazada y que evite que se recurra al aborto como un método anticonceptivo más no conseguiremos nunca que estas cifras disminuyan. Y mucho menos si lo que se pretende es crear una nueva ley que permita más aborto libre y genere más sufrimiento a la mujer y su entorno.

Y ya que en estas fechas se habla tanto de dinero, querría desde aquí alabar y apoyar la labor que se viene desempeñando desde tantas asociaciones de iniciativa privada de ayuda a la mujer y que sólo cuentan con las aportaciones voluntarias de aquellos que valoran su labor y que consideran que no hay dinero mejor invertido que el que sirve para ayudar en la lucha por la defensa de la vida humana.

La plataforma Derecho a Vivir, de la cual soy portavoz, ha nacido con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la sociedad española sobre el drama del aborto, y de conseguir que el Gobierno no saque adelante la ley de plazos que ha anunciado; eso sí, después de ganar las elecciones, engañando así a buena parte de su electorado que no está de acuerdo con que en España se aborte más. Para esto ha creado un comité de expertos que se encargará de elaborar diversos informes de contenido jurídico, biomédico y social, que demuestre que el aborto es una lacra y un mal que sólo beneficia a unos cuantos que se lucran con el visto bueno, el consentimiento y el beneplácito de los distintos gobiernos que ha tenido España.

Nuestra plataforma está convencida de que, lejos de las mentiras, las promesas vagas de pequeñas ayudas que luego no se concretan y las palabras huecas de nuestros gobernantes, la única política que de verdad disminuirá la cifra de abortos en España será aquella que, de una manera integral, apueste por la ayuda a la mujer embarazada con problemas, y a su entorno familiar. Estamos a favor de políticas globales, que protejan la vida humana, que ofrezcan a las mujeres información sobre todas las alternativas que existen al aborto, que pongan a su disposición una red multidisciplinar que trabaje para resolver sus problemas, casi siempre de tipo socioeconómico –no sólo por medio de ayudas puntuales, sino a través de una protección global de la maternidad que implique y motive a toda la sociedad, a las empresas, a las iniciativas tanto públicas como privadas– y que se vaya tejiendo una red capilar que cree de verdad una conciencia social a favor de la maternidad y la mujer embarazada.

Esto no se consigue sólo con dinero, aunque efectivamente es un factor de gran importancia, sino cambiando la mentalidad de la sociedad entera, aplicando políticas modernas e innovadoras de ayuda a la familia, y evitando mostrar la maternidad como un perjuicio para la mujer.

Últimamente se oyen muchas voces que acusan a los movimientos provida de incoherentes, de querer vivir del Estado, de pretender únicamente conseguir subsidios económicos y vivir de ellos y de estar en connivencia con el Partido Popular.

Lo que estas voces callan, no sé si por desconocimiento o por querer descalificar el trabajo desinteresado de tantas personas, es que hoy por hoy las ayudas a las mujeres embarazadas se financian en su mayoría con dinero privado, que el Estado se ahorra millones de euros gracias al trabajo de cientos de voluntarios; dinero que las comunidades autónomas emplean en enriquecer a los negociantes del aborto, a los que el Gobierno considera interlocutores imprescindibles a la hora de debatir la nueva ley.

Nuestra asociación, como la de tantos otros movimientos provida, trabaja de manera independiente para que la mujer embarazada pueda optar libremente por tener a su hijo. Quiere hacer partícipe a la sociedad española de un debate que el actual Gobierno les quiere negar, concienciándola de que sólo los ciudadanos libres seremos capaces de influir en los gobernantes para que de una vez por todas se decidan a proteger y defender el derecho a vivir.

Gádor Joya es médico especialista en Pediatría, portavoz de Derecho a Vivir (DAV) y blogger.

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