Vayan someramente algunas de las consecuencias y consideraciones que probablemente tenga la entrada de Sortu u otra lista etarra en las instituciones. En primer lugar, quien debe presentar las pruebas a la Justicia para la ilegalización es el Ministerio del Interior. Es decir, que es Rubalcaba de quien depende el primer paso. Si él no quiere, no habrá ilegalización, ni de Sortu ni de lo que venga detrás. No es la justicia de la que depende la ilegalización; es la justicia, sólo si Rubalcaba hace su trabajo.
En segundo lugar, ya en 2006 se presionó y se forzó el trabajo de las FSE para lograr contra su criterio que ANV se colara en las instituciones. Ello creó tensiones entre Guardia Civil y
Policía Nacional, y entre los policías de Rubalcaba y el resto de uniformados. El ejemplo más claro es el "caso Faisán", pero también el "caso verificaciones". Ahora, la legalización de Sortu por las presiones de Interior traerá consigo antes y después tensiones y divisiones en las FCSE.
En tercer lugar, la consecuencia de introducir a Sortu en las instituciones y su posible control en algunos ayuntamientos será la deslegitimación de los principios sobre los que se asientan, como ya ocurre en Cataluña, donde las instituciones se han vuelto arietes contra derechos y libertades fundamentales.
En cuarto lugar, y en cualquier caso, la entrada de Batasuna supondrá una progresiva degeneración en el funcionamiento de parlamentos y ayuntamientos, que en algunos casos puede suponer su desestabilización. No se trata ya de la relación con ETA, sino de normal funcionamiento institucional, logrado tras la expulsión de la kale borroka política.
En quinto lugar, que Sortu consiga espacio implicará un aumento de la conflictividad social asociada a la recuperación de liberados capaces de reactivar la agitación social. Así como la salida de ETA de las instituciones supuso un golpe a su estructura callejera, el regreso tendrá un negativo impacto en el orden público. La calle volverá a ser suya.
En sexto lugar, los miembros de Batasuna que el Gobierno ha reconocido son etarras sin arrepentir. Más aún, buscan insistentemente escenificar que esto no es una rendición, y el Gobierno lo ha aceptado. Los problemas de legitimar esta actitud en relación con las víctimas son evidentes, porque las segundas convivirán con unos etarras sin arrepentir y sin propósito de enmienda que se ven políticamente triunfadores.
En séptimo lugar, lo mismo ocurre con los presos de Rubalcaba, históricos de la banda que apoyan la negociación a cambio de privilegios. Se trata de asesinos sin arrepentir y que nunca pedirán perdón a sus víctimas, pero que se agarran a la posibilidad de que el Gobierno acorte sus penas. De cumplirse esto, las víctimas se encontrarán con los asesinos de los suyos en un plano de inferioridad. De debilidad, porque el Gobierno se posiciona del lado de éstos presos.
En octavo lugar, la recuperación de espacio institucional supondrá evidentemente más dinero para el entramado etarra. Aunque no vaya a parar a actividades terroristas, sí lo irá a la organización de actos callejeros y a llenar las arcas de organizaciones afines.
En noveno lugar, los miembros de Sortu no son sólo dirigentes de Batasuna: sino de ETA. Si el Gobierno no actúa contra la marca etarra, favoreciendo por omisión su recuperación, incumplirá el Pacto por las Libertades que el PP deberá romper de inmediato. La unidad antiterrorista –inexplicablemente no se rompió en 2006– se romperá del todo.
En décimo lugar, todo lo anterior dejará al PP una herencia explosiva que le causará problemas: etarras en la calle, instituciones desestabilizadas, más agitación callejera y las víctimas soliviantadas. Y lo peor de todo, la constancia de que el PSOE se ha situado al margen de cualquier posibilidad de diálogo para derrotar a ETA. La mal disimulada oposición socialista a las reformas del Código Penal y la Ley del Menor en el año 2000 y a la Ley de Partidos generó suspicacias. Los pactos con ETA que culminaron en Loyola supusieron la confirmación de que un pacto para acabar con la banda desde el Estado de Derecho era imposible. Y ahora tenemos la confirmación: entre la derrota de ETA y su salvación incorporándola a la sociedad, el PSOE se queda con lo último, siendo un lastre en la lucha antiterrorista ¿Cómo confiar en él a partir de ahora?