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Crisis cívico-militar

El Gobierno debería tener cuidado de no seguir profundizando en la actual crisis de las relaciones cívico-militares porque las consecuencias de esa crisis resultan impredecibles

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La estrategia del PSOE de utilizar el Yak 42 y el 11-M para destruir políticamente al Partido Popular puede terminar generando mucho mayor daño a las Instituciones que ahora gobierna, especialmente a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, que al propio PP.
 
El PSOE es plenamente consciente no sólo de su precaria mayoría parlamentaria, sino del déficit de legitimidad de su victoria el pasado 14 de marzo. Por eso entiende que el único modo de mantenerse en el Gobierno es conservar el antiaznarismo como único elemento cohesionador de una colación imposible con comunistas e independentistas. Es más, si quiere ampliar su estrecha mayoría, y liberarse de las inasumibles hipotecas que está contrayendo, su única opción es tratar de aniquilar por completo la herencia del PP. Por ambos motivos, el PSOE ha optado por exprimir hasta el último rédito electoral los dos grandes desastres de la etapa anterior: el 11-M y el Yak 42.
 
El problema es que en su intento desesperado por destruir al PP el Gobierno pueda terminar dañando en mayor medida a las Instituciones. Así, los militares están cada vez más indignados por estar pagando en sus carnes el uso partidista del desgraciado accidente ocurrido hace ya más de un año en Turquía. Es cierto que su indignación alcanza tanto al PP, por eludir las responsabilidades políticas de Trillo, como al PSOE, por la instrumentalización demagógica del caso por parte de Bono, pero es obvio que esta reprobación es mucho más problemática para el ministro actual que para el anterior.
 
El punto culminante de esta tensión se produjo tras el Pleno en el Congreso en el que se volvió a debatir esta cuestión. El anuncio del actual ministro de que continuarían los ceses de altos mandos implicados en el caso llevó a un plante de los altos mandos que obligó al Gobierno a desmentir las palabras del ministro de Defensa en el Parlamento. Así, las medidas disciplinarias respecto a mandos muy concretos se transformaron en 24 horas en una vaga voluntad de remodelación del Estado Mayor Conjunto.
 
En el caso del 11-M la estrategia del Gobierno, combinada con la no siempre feliz actuación del PP en la Comisión de Investigación, está llevando a culpar a la Guardia Civil ante la opinión pública, ya sea por incompetencia o por conspiración, del atentado cometido por los terroristas. El primer cese ha sido el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Gijón, pero se anuncian nuevas bajas.
 
La indignación en la cadena de mando de la Benemérita crece cada día. Reconociendo los fallos cometidos, consideran extremadamente injusto que se cargue toda la responsabilidad sobre ellos, cuando los errores de Policía Nacional y CNI fueron aún más graves. Por el contrario, nadie ha sido cesado en esas instituciones. Como en el caso de las Fuerzas Armadas consideran además que los políticos están desviando sus responsabilidades hacia los de abajo.
 
El caso de la Guardia Civil resulta además especialmente preocupante porque hay elementos dentro del propio PSOE que pueden utilizar este descrédito para acabar con una institución que por su naturaleza y tradición resulta mucho más compleja de controlar e instrumentalizar. Para ello estarían alentando a las asociaciones que desde dentro de la propia Guardia Civil promueven la desmilitarización y la fusión con la Policía Nacional.
 
Esta utilización partidista de la tragedia puede causar sin duda un grave daño a la fortaleza del Estado y a la salud de nuestra democracia. El Gobierno debería tener cuidado de no seguir profundizando en la actual crisis de las relaciones cívico-militares porque las consecuencias de esa crisis resultan impredecibles.
 
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos

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