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Derechos y deberes

el nuevo bulo jurídico-político de las escuchas supuestamente ilegales a sospechosos relacionados con el terrorismo puede ser una reacción desesperada a la recuperación por parte de Bush de casi diez puntos de aceptación popular en las encuestas de opinió

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Zacarias Moussaoui era el vigésimo hombre del 11-S pero no pudo subirse al avión porque se hallaba detenido. El FBI había sido alertado por una escuela de pilotos a la que acudió para que le enseñaran a conducir un avión, pero no a despegar ni a aterrizar. Los federales norteamericanos recabaron información del país del que era nacional y la inteligencia francesa los puso al día de su relación con los islamistas chechenos. Para poder examinar el contenido de su portátil la policía necesitaba la autorización del tribunal especial que administra la Ley de Vigilancia sobre la Inteligencia Exterior. El Ministerio de Justicia decidió que no había pruebas suficientes para obtener dicho mandamiento y en consecuencia se negó a solicitarlo.

Del 11-S se ha dicho que todos los indicios eran conocidos pero los responsables no supieron conectarlos entre sí. Como en un dibujo infantil de puntos numerados, sólo que no acertaron a conectar los puntos. La realidad es que éstos eran miles y carecían de números. Pero un solo punto, el ordenador de Massaoui, contenía datos suficientes para, debidamente utilizados, poder desbaratar el ataque si el legalismo no lo hubiera impedido.

Precisamente eso fue lo que Bush se propuso evitar convencido de que las circunstancias en las que se encontraba eran las propias de una guerra. El pueblo americano y sus representantes políticos compartían abrumadoramente esa opinión y el congreso autorizó por una amplia mayoría el derrocamiento del régimen baasista de Irak.

Pero eso no es todo. La Constitución norteamericana concede al presidente poderes extraordinarios para llevar a cabo su misión de proteger la seguridad nacional. A posteriori, el parlamento puede juzgar el uso que ha hecho de esos poderes, pero no tienen capacidad para concedérselos ni quitárselos ni están tampoco sometidos al control de la rama judicial.

Este es el contexto en el que se ha desarrollado la enésima zancadilla que los demócratas, desesperados en su búsqueda de puntos vulnerables en la presidencia de Bush, han puesto a su guerra al terror. Todo parece indicar que se han puesto una soga en el cuello. En la campaña para las elecciones del mid term aparecerán una vez más como el partido al que no se les puede confiar la seguridad del país. De hecho, el nuevo bulo jurídico-político de las escuchas supuestamente ilegales a sospechosos relacionados con el terrorismo puede ser una reacción desesperada a la recuperación por parte de Bush de casi diez puntos de aceptación popular en las encuestas de opinión.

© GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

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