Dos fusiles y una pistola viejos es todo lo que daba de sí el supuesto tráfico de armas organizado por el dirigente opositor Severo Moto para derrocar al dictador Teodoro Obiang, descubierto en el maletero de un coche, también viejo, embarcado en el puerto de Sagunto con destino a Guinea.
Ni siquiera la desesperación ante un régimen tan atroz como el obianguista, puede hacer concebir fundadas ilusiones a ningún guineano en su sano juicio de derribar con semejante alijo una dictadura que ha contado con el respaldo de tropas marroquíes y, ahora, gracias a los beneficios del petróleo, ha contratado los servicios de grandes multinacionales de seguridad y sus bien pertrechados mercenarios. Menos aún, cuando el supuesto golpista, en lugar de buscar las sombras de la clandestinidad, acababa de anunciar a bombo y platillo su regreso a Guinea para reanudar allí su actividad política.
Varias felices coincidencias (para el dictador Obiang) hacen sospechoso el éxito de la operación policial de Sagunto: Moto había anunciado su regreso a Guinea sabiendo que estaba a punto de hacerse pública una sentencia que le devolvía el estatuto de asilado en España que el Gobierno de Zapatero le había quitado en 2006; más importante aún, le libraba del estigma de golpista con el que Obiang contaba justificar su ejecución sumaria, en caso de que decidiese volver a su tierra. El descubrimiento del alijo ha sido utilizado por Obiang para matar dos pájaros de un tiro: lanzar una nueva redada contra los que sueñan con vivir con dignidad y libertad en la ex colonia española y justificar el asesinato de uno de ellos, Saturnino Nkogo, tras haber descubierto en su casa un nuevo alijo de otras tres armas, supuestamente fruto del contrabando de Sagunto.
Como en todo lo que huele a crimen, lo primero es averiguar quién es su principal beneficiario: todo apunta hacia Obiang, que no está dispuesto a abandonar su cargo de "líder único" hasta que la muerte los separe, y que, mientras se resuelve este nuevo proceso judicial, se asegura el silencio de Moto en España y, sobre todo, evitar que regrese a Guinea, a menos que quiera arriesgarse a seguir la suerte de Nkogo, muerto de la brutal paliza que le propinaron sus carceleros.
Hay, además otro beneficiario: el Gobierno de Zapatero que, gracias al supuesto crimen golpista, puede justificar una antipatía por una causa que debería ser suya. El tráfico desde Sagunto parece quitarle la razón a los jueces del Constitucional que dejaron en una posición incómoda al Gobierno al dictaminar que los informes del CNI que pretendían probar la peligrosidad de Moto no estaban debidamente fundamentados. Por fin, queda demostrado que tanto el Gobierno socialista como su amigo Obiang estaban en lo cierto al señalar que Moto es un indeseable y merece esa cárcel que evitará que despliegue el peor de sus defectos: el de poner en apuros al dictador, como siempre ha ocurrido en aquellas oportunidades en las que el opositor luchó por las libertades desde dentro de su país.
El golpismo de Moto se ha convertido también en una socorrida cortina de humo para hacer olvidar a los electores del "no a la guerra" que el verdadero problema de Guinea es una dictadura vergonzosa que asesina a los demócratas y mata de hambre al pueblo, a pesar de una inmensa riqueza en petróleo. Mientras el entorno mediático de Zapatero airea su especial forma de gobernar y da lecciones al mundo de superioridad moral y solidaria, la detención de Moto delata una zafia impostura. Al igual que en el asunto del Sahara Occidental, la política exterior socialista con Guinea demuestra que, cuando se trata de probar la decencia de su acción, justamente en los asuntos donde España tiene responsabilidades históricas, culturales y morales, se alía con el tirano y el agresor y abandona a los débiles. La razón es merecedora de una espesa cortina de humo: ni somos tan decentes, ni tan fuertes, ni tan independientes como quiere hacernos creer la fotogenia modernista y progresista del PSOE.
