Si son verdad los resultados de la encuesta de Gallup para el foro económico de Davos de este año, la población occidental en general siente que le aguarda un futuro próspero en lo económico pero muy incierto en lo referente a su seguridad. Aunque sólo fuese por eso- y habida cuenta de las promesas que se realizan en campaña electoral- cabría declarar el 2004 el año de la seguridad. De hecho España tiene dos poderosos razones para así hacerlo: por un lado, esa percepción creciente de amenaza que pesa sobre nosotros y nuestros intereses bajo la forma de terrorismo internacional; por otro, la ambición de querer jugar un papel más destacado en el concierto mundial.
El nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo 14 de marzo debería plantearse dos cuestiones básicas: la primera, dotarse de los conceptos, doctrinas e instrumentos adecuados para dar respuesta a las necesidades y retos que plantea la seguridad hoy. Frente al terrorismo, por ejemplo, el Ministerio de defensa es inapropiado, pero el de Interior insuficiente. Confiar exclusivamente en la inteligencia es huir de la acción para prevenir y desbaratar atentados. La seguridad internacional y la interior son una única cosa frente a los Bin Laden del mundo y sus amenazas no conocen de fronteras ni geográficas ni administrativas. En ese sentido, el presidente del Gobierno debe dotarse cuanto antes de una estructura de análisis y asesoramiento capaz de elaborar una doctrina de seguridad nacional para España y de servirle de órgano de coordinación de todos los esfuerzos y contribuciones que desde el estado y la sociedad se hacen para luchar y vencer a nuestros adversarios y enemigos. Una suerte de Consejo de Seguridad Nacional como el que tienen en Washington y Londres. La segunda cosa que debe encarar con urgencia es la transformación de nuestras Fuerzas Armadas. Comenzando por sus medios pero apuntando en todo momento a su mentalidad.
Aunque los gastos de defensa han crecido en los últimos años, su ritmo de aumento no es suficiente para acometer los proyectos que hagan de los ejércitos una verdadera fuerza del siglo XXI. A pesar de haberse reducido en dos tercios el volumen de efectivos en las dos últimas décadas, la inversión por soldado sigue siendo de las más bajas de Europa. En cualquier caso, no solo es una cuestión de más dinero, sino de invertir en lo apropiado para hoy y, sobre todo, para mañana, habida cuenta de la lentitud de desarrollo de los programas y la parsimonia con la que entran en servicio las unidades adquiridas. Los militares, individualmente, deben gozar de la máxima estima, pero eso no puede obviar que los ejércitos son, como cualquier organización de grandes proporciones, maquinarias burocráticas apegadas a la tradición y reacias a los cambios. El carro de combate sustituyó a la caballería sólo con un elevado coste, la artillería desconfía institucionalmente de los misiles y los pilotos de combate difícilmente admitirán ser sustituidos por vehículos no tripulados igualmente letales.
Para transformar e innovar hace falta liderazgo político y claridad de ideas. El próximo presidente de Gobierno va a necesitar de grandes dosis de ambas cosas a tenor de lo planteado por su majestad durante la ceremonia de la Pascua militar y que responde a un profundo malestar de la institución armada ante lo que suele considerarse falta de atención por parte de sus responsables políticos. En la década de los 80 el PSOE acabó con el llamado "problema militar" quebrando el espíritu de cuerpo y persiguiendo el servilismo en las filas. El primer gobierno del PP intentó todo lo contrario. Rajoy debería profundizar la recuperación del orgullo y de la vocación militar. No será fácil, pero Zapatero lo tendría aún más difícil si, siguiendo su modelo descentralizador del Estado, se planteara con las Fuerza Armadas lo mismo que con la Agencia Tributaria, siendo al fin y al cabo ambas las herramientas definitorias del estado moderno.