Todo apunta a que el gobierno desconocía la agenda de su majestad el Rey para esta semana. ¿Tiene el monarca derecho a ocultar sus actividades "privadas"? Nadie lo discute aunque no lo apruebe. Pero esa no es la pregunta correcta. La cuestión es ¿cómo y por qué el gobierno no sabía con exactitud de las andanzas cinegéticas del monarca? Y sólo hay una posible respuesta y no es porque la Casa Real no le facilitara esa información. No, la respuesta real es porque el CNI no informó al gobierno.
El principal órgano de información al gobierno falló. Así de simple y duro. O bien desconocía también la escapada de D. Juan Carlos o bien se lo calló al Gobierno en la esperanza de que no trascendiera. Lo primero expondría a nuestro servicio de inteligencia al ridículo, por incapaz de conocer información que afecta a la seguridad personal del Jefe de Estado. Lo segundo colocaría a los responsables de nuestra inteligencia en la raya de la traición.
Es imposible creer que el CNI, que defiende ser el único capaz de asegurar la seguridad de las comunicaciones de toda la administración, pudiera pasar por alto un viaje de cierto riesgo por parte de una figura de la máxima relevancia como es el rey. Es más, como organismo responsable de la contra inteligencia, no puede hacer dejación de sus funciones cuando son actores privados quienes organizan y corren con los gastos de dicho viaje. ¿Se trata de verdadera amistad? O, por el contrario, ¿son defensores de intereses concretos que puedan afectar al desarrollo normal de la toma de decisión en España? ¿Puede tratarse de una trampa?
El CNI debe dedicar parte de sus esfuerzos a proteger al monarca de intereses espurios. Sus antecesor, el CESID, así lo manifestó para justificar las escuchas telefónicas sobre la Casa Real a mitad de los 90.
La responsabilidad o irresponsabilidad del comportamiento del rey recae en nuestra elite dirigente, acostumbrada a asumir caprichos y a excentricidades a cambio de una cierta estabilidad institucional. Pero la responsabilidad de los fallos de información recaen en dos personas en este momento: en el director del CNI y en la vicepresidenta que lo pilota políticamente desde su paso de Defensa a Moncloa. Alguien debería dar explicaciones y asumir su incompetencia.