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El exilio de Ben Alí y sus consecuencias inmediatas

Lo más urgente es, pues, llenar el vacío de poder. Para conseguirlo, las figuras señaladas y el Consejo Constitucional pueden y deben jugar el necesario papel, y las Fuerzas Armadas deberán garantizar la seguridad en todo el proceso.

 

 

 

Túnez nos tenía demasiado acostumbrados a que el statu quo fuera la norma, y la posibilidad de que éste se viera alterado era una excepción muy, muy lejana. La movilización de la población desde el pasado 17 de diciembre, e intensificada en los últimos días, ha conseguido terminar con más de dos décadas de régimen y abrir grandes incógnitas en el país y en la región.

La huída del Presidente junto con su familia a tierras saudíes deja un vacío en el país aún cuando algunas personas – viejas figuras del régimen como Mohamed Ghannouchi – hayan quedado a cargo de la dirección política. No debemos de olvidar que la oposición en Túnez está, parte de ella en el exilio, y la que resistía dentro del país, desvertebrada. La transición ahora dependerá del buen hacer de algunos dirigentes que aún mantienen las riendas del Estado, de la responsabilidad de los diferentes actores sociales, y del papel que tienen asignadas las Fuerzas Armadas.

Pero junto a dichos actores será imprescindible una presencia activa de los socios exteriores de Túnez, y estos son muchos aunque hayan brillado por su ausencia durante las semanas vividas de revueltas que, ahora, han llevado a la huída del ya ex Presidente Ben Alí. La primera gran ausente es la Unión Europea pero también se pueden calificar de ausentes a los países árabes y africanos. Estos últimos, a través de la Unión Africana, difícilmente marginarán al Estado magrebí, pues el poder no ha sido usurpado por golpistas y lo que hay es un vacío. En cuanto a los países árabes, algunos de ellos ya miran con recelo, e incluso temor, a lo sucedido a Ben Alí, pero deberán cerrar filas en torno a lo que queda del Estado para evitar que el caos pueda imponerse.

Lo más urgente es, pues, llenar el vacío de poder. Para conseguirlo, las figuras señaladas y el Consejo Constitucional pueden y deben jugar el necesario papel, y las Fuerzas Armadas deberán garantizar la seguridad en todo el proceso. Importante será que los hasta ahora escuálidos partidos opositores autorizados asuman que se llegan buenas posibilidades para ellos y que, ahora sí, podrán ya jugar el papel de auténticas formaciones políticas, con lo que ello conlleva. Idéntico espacio se abre para los medios de comunicación, escasos y acostumbrados a una férrea mordaza que ahora podrá y deberá desaparecer. Todo ello es necesario además para evitar que los islamistas se erijan, gracias como siempre a sus capacidades organizadoras y de movilización, en protagonistas del proceso. En Argelia, recordémoslo ahora, una revuelta popular – la denominada de la Sémola, en los primeros días de octubre de 1988 – hizo tambalearse a un régimen de partido único con décadas de existencia: pero allí el poder seguía en su sitio, no como ahora en Túnez, y puso en marcha un proceso que llevó a una nueva Constitución, a la legalización de partidos políticos, incluidos los islamistas, y a la rápida convocatoria de elecciones.

Más vale que ahora en Túnez se aprendan las lecciones de procesos como aquel, con un ojo puesto en un islamismo que ya se ha fijado en el país como objetivo. Más vale avanzar despacio pero seguro, vertebrando bien a la sociedad y respondiendo de forma sensata a sus demandas, que precipitarse con medidas que luego podrían lamentarse. Una transición ordenada en la que haya júbilo pero también mucha responsabilidad es lo más deseable ahora, y con ello Túnez podría erigirse en un estímulo para que otros países emprendan urgentes reformas tendentes a asentar el buen gobierno como norma de funcionamiento.

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