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El problema no es sólo la deuda

El problema de España va mucho más allá de un presidente inútil. El problema es estructural y para solucionarlo se necesitan unas reformas muy sustanciales que exigirán un coraje que por desgracia no se percibe en el actual panorama político español.

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El Tesoro Público logró vender 3.900 millones de euros de deuda en obligaciones a 3 años. La colocación fue calificada como un éxito por parte del Gobierno en foros políticos internacionales al revelar, por el momento, la capacidad del Estado para financiarse. Sin embargo es necesario prestar atención a detalles significativos. En primer lugar, al hecho de que dicha deuda se paga al tipo de interés del 3,4%, que es un 67% más elevado que la última emisión. Hay que añadir que las instituciones españolas, sin duda "incentivadas" por el Gobierno, coparon buena parte de la misma y que el propio Banco Central Europeo no ha desmentido que acudiera a la subasta para facilitar la colocación y que, además, ha prolongado de forma indefinida las líneas de liquidez debido a los problemas de financiación a corto plazo del sector financiero.

Si a ello añadimos que el Banco Mundial calificó ayer la situación económica española de "muy grave" y que el diario Financial Times, en su edición alemana, anunciaba que la Unión Europea se preparaba ante una posible incapacidad de pago de la deuda española ante los importantes vencimientos de deuda que se avecinan en verano, tenemos un panorama desolador que se percibe en el exterior. Pero, ¿a qué se debe realmente este riesgo de impago del Estado español?

La deuda pública de España puede no ser escandalosa en comparación con otros países europeos. En realidad equivale al 53% del PIB y está muy por debajo de países como Italia (116%), Grecia (115%), Bélgica (97%) o las propias Francia (78%) y Alemania (73%). Sorprendería que si la razón fuera exclusivamente la deuda, el diferencial de tipos de interés con Alemania fuera superior al de Italia cuando este último país tiene en términos relativos más del doble de duda. De hecho, este diferencial con Alemania es un extraordinario indicador para cuantificar en términos prácticos la confianza que despierta nuestra economía. El resultado en los últimos años y en particular, en los últimos meses, no puede ser más desolador.

Una razón inmediata y evidente es la nula credibilidad que tiene el actual Gobierno español. No sólo en materia económica sino que en todas sus facetas: la improvisación y la falta de capacidad política para realizar reformas se traduce en una desconfianza por parte de todos los mercados. La prueba es que incluso con los anunciados planes de austeridad, aún sin concretar en su totalidad, con la inmaterializada reforma laboral –algo pendiente desde hace años–, la desconfianza de los mercados no sólo no disminuye, sino que se incrementa. Otra razón añadida es la elevada deuda privada existente en España. Deuda en la que han incurrido empresas y familias que, beneficiadas por unos tipos bajos –incluso negativos en términos reales al computar la inflación–, decidieron financiarse ante unas buenas expectativas que ahora ya no existen, a partir de entidades españolas que ahora deben asumir un riesgo que afecta a su solvencia.

Pero hay más. Mucho más. El principal motivo de desconfianza de España es la cada vez más clara inviabilidad del Estado tal y como lo entendemos. En dos aspectos especialmente: el modelo autonómico y el Estado del bienestar. Hoy en día el Estado central sólo controla un 20% del gasto público –frente a casi el 37% de las comunidades autónomas–, el 30% de la seguridad social y el 14% de los entes locales. Es evidente que una reducción de la deuda, para ser significativa tendrá que originarse en aquellas partidas más voluminosas. Pero el Estado ha realizado un ejercicio suicida de dejación de responsabilidades en la cuestión de la financiación de las comunidades autónomas: en ellas ni siquiera la contabilidad es absolutamente fiable, si tenemos en cuenta la maraña de empresas, agencias, institutos y demás organismos autonómicos. La tragedia se muestra en el hecho de que el número de estos entes ha continuado aumentando durante la crisis como también lo han hecho sus recursos.

El problema de España va mucho más allá de un presidente inútil y de un gobierno incapaz, o de una coyuntura financiera o laboral. El problema es estructural y para solucionarlo se necesitan unas reformas muy sustanciales y profundas que exigirán un coraje que por desgracia no se percibe en el actual panorama político español.

© GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

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