El último informe de Europol sobre el crimen organizado en Europa habla de 40 mil delincuentes encuadrados en más de 4 mil grupos detectados. La fiabilidad del informe es discutible, un mero compendio de los informes nacionales realizados con diferentes metodologías y calidades, pero es un hecho innegable que este tipo de delincuencia trasnacional está experimentando un espectacular incremento dentro de las fronteras de la Unión en los últimos años.
Las causas de este "boom" de la delincuencia organizada en Europa son variadas y complejas. Muchas tienen que ver con el proceso general de la globalización, en cuya vanguardia se ha situado la criminalidad. Pero tienen también que ver con las facilidades que ofrece a la actividad criminal una Europa sin fronteras por la que personas, bienes, capitales y delincuentes fluyen sin control, pero en el que policías y jueces siguen atenazados por las fronteras nacionales. Así, el nuevo espacio de libertad europeo amenaza con convertirse en un peligroso espacio de inseguridad.
Los efectos de este espacio de inseguridad pueden terminar siendo desastrosos para nuestro bienestar y nuestra libertad. El aumento de esta nueva delincuencia “industrial” y multinacional, frente a la tradicional en nuestros países, más artesanal y nacional, no sólo implica un aumento del número y la gravedad de los delitos, sino que genera también un mayor nivel de violencia y de corrupción en nuestras sociedades. El riesgo es que estas organizaciones de tipo mafioso terminen penetrando en nuestro sistema social y político, acarreando daños irreparables en nuestra convivencia y en nuestra democracia.
La respuesta de Europa no está a la altura del desafío. En Tampere, los jefes de gobierno europeos pactaron en 1999 un catalogo de medidas de gran ambición y utilidad para poder hacer frente a esta letal combinación para nuestra seguridad que constituyen el crimen organizado y el terrorismo. El 11 de septiembre vino a reactivar además esta programa que había caído en buena parte en el amplio cajón de las buenas intenciones europeas. A pesar de ello, una de las medidas estrella, vendida insistentemente como un gran triunfo comunitario, la orden europea de detención y entrega, no entrará en vigor el 1 de enero de 2004 como se había acordado. Al parecer, no han bastado cuatro años para implementar esta medida tan esencial para luchar con eficacia contra la nueva criminalidad trasnacional.
Aún más paradójico es que ni Francia ni Alemania, los dos grande adalides de la integración europea, están entre los países que han cumplido con el compromiso de adaptar su normativa interna a la decisión comunitaria. Así, también en este ámbito, la incapacidad de estos dos países para cumplir sus compromisos es proporcional al nivel de arrogancia que exhiben para exigir a los demás que los cumplan.
Se diría que Europa no percibe con claridad las graves amenazas que ha de afrontar, ni en el ámbito externo ni en el interno. Ni las pomposas declaraciones ni los grandes acuerdos rubricados en las Cumbres aumentarán la seguridad de nuestros ciudadanos, si después se diluyen en la inoperancia burocrática y en la falta de impulso y liderazgo de los gobiernos para tomarse en serio la aplicación de la agenda de seguridad acordada. Una vez más, sólo nos queda esperar que, cuando Europa reaccione ante este problema, no sea demasiado tarde.
GEES: Grupo de Estudios Estratégicos