Las crecientes amenazas islámicas contra nuestras ciudades norteafricanas, que AQMI lanzó en primavera y que acaba de renovar ahora, y la progresiva llegada de prisioneros de Guantánamo a nuestro suelo, harán necesario intensificar la vigilancia.
Que un supuesto reclutador de yihadistas vía internet, el marroquí residente en España Faiçal Errari, haya sido detenido por la Guardia Civil el 27 de agosto en la localidad alicantina de Poble Nou de Benitatxell, o el que un paquistaní buscado por Interpol fuera detenido por los Mossos d'Esquadra el 3 del mismo mes en Tortosa, pueden parecer dos detenciones rutinarias, distantes en el espacio y poco significativas. Pero ambas muestran su importancia cuando son situadas en un contexto marcado por la creciente ubicación de España en el imaginario de los frentes de batalla de los yihadistas salafistas.
Situadas ambas detenciones –la del paquistaní llevó a éste a prisión preventiva ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, dado que podría ser extraditado a Pakistán– en el contexto general definido por el reciente Informe sobre las Tendencias del Terrorismo del Departamento de Estado de los EEUU, y por la intensificación de las amenazas contra nuestro país procedentes de Al Qaeda en las Tierras del Magreb Islámico (AQMI), ambas no hacen sino confirmar la persistencia de la semilla terrorista en nuestro suelo. En el auto de prisión dictado por el también juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, contra Faiçal Errai se describe cómo este registró y pagó un dominio web de contenido yihadista, y se le acusa de formar parte como miembro relevante de la Red Ansar Al Muyahidin en la que se habría dedicado a captar, adoctrinar y reclutar a futuros terroristas. Además, de hacerlo desde largos meses atrás y de facilitar la financiación del grupo y de las redes de envío de terroristas a zonas determinadas del mundo.
Ambas detenciones no hacen sino confirmar las tendencias subrayadas por el susodicho informe estadounidense. Éste, recogiendo hitos de la lucha antiterrorista española en lo que al yihadismo salafista respecta, evocaba ambos perfiles, el paquistaní y el magrebí, de los terroristas más activos en España. Así, recuerda cómo en diciembre de 2009 la Audiencia Nacional condenaba a diversas penas a los once paquistaníes acusados de preparar atentados suicidas contra el metro de Barcelona en enero de 2008, o cómo nos hemos convertido en un objetivo cada vez más prioritario para AQMI. También evoca la modificación de nuestro Código Penal para adaptarnos a lo estipulado en la Convención para la Prevención del Terrorismo del Consejo de Europa, incidiendo precisamente en aspectos como el reclutamiento, el entrenamiento, el adoctrinamiento o la financiación.
Las crecientes amenazas islámicas contra nuestras ciudades norteafricanas, que AQMI lanzó en primavera y que acaba de renovar ahora –tras su victoria en el secuestro de los dos cooperantes españoles que tenía en su poder desde el pasado noviembre–, y la progresiva llegada de prisioneros de Guantánamo a nuestro suelo –el tercero de los cinco previstos, un afgano, llegaba a Madrid el pasado 21 de julio, para añadirse a los dos españoles que de allí volvieron tras ser entregados por las autoridades estadounidenses– harán necesario intensificar la vigilancia. Se trata de evitar que todo ello coadyuve a introducir aún más la semilla del yihadismo salafista en nuestras comunidades musulmanas; de evitarlo, además, en momentos particularmente delicados como los que hoy vivimos y que viviremos en los próximos meses.
