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Espías contra políticos

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La Comisión del 11-M nació con un doble objetivo. Por un lado se trata de dilucidar responsabilidades políticas. Saber si el Gobierno del PP mintió y si la oposición socialista manipuló a la opinión pública y violentó la jornada de reflexión electoral. En segundo lugar, se trata de identificar también los fallos en nuestro sistema de seguridad que hicieron posible que una masacre de esta dimensión se pudiera cometer sin que los preparativos pudieran ser detectados con antelación. Ambas tareas son necesarias, aunque a veces un objetivo y otro se interfieran causando alguna distorsión.
 
Hay quién piensa que las responsabilidades políticas quedaron ya saldadas con las elecciones. Es un error. Primero, porque los españoles tienen derecho a conocer la verdad. Segundo, porque si el Gobierno actual ganó el poder con trampas y mentiras eso le deslegitima moralmente para ejercerlo. Y tercero porque si fuera cierto que alguien en el Gobierno anterior mintió eso debe tener también implicaciones internas en el PP. Taparlo todo con un gran pacto de silencio solo conduce a cerrar en falso una herida que más adelante podría infectarse.
 
Pero al margen de esta polémica política, que parece estar centrando hasta ahora los trabajos de la Comisión, es imprescindible también un análisis crítico de la actuación de nuestros Cuerpos de seguridad y de la Agencia de inteligencia. En este caso, la investigación no debe tener sólo como objetivo la exigencia de responsabilidades, sino sobre todo la propuesta de medidas correctoras que permitan mejorar el sistema.
 
En este punto es donde la democracia española está demostrando falta de madurez. Cuestionar el trabajo de los Cuerpos de seguridad e inteligencia no es desestabilizar el sistema. Lo conocido hasta ahora demuestra graves fallos en la evaluación de la amenaza, en el inicio de las investigaciones e incluso en la presentación de evidencias al juez. En particular, la actuación del CNI fue patética y no suele ser buena excusa para un servicio de inteligencia afirmar que no tenía información. Es más, como el propio magistrado instructor del sumario declaró ante la Comisión Parlamentaria, existe un riesgo de que la célula terrorista pueda reconstituirse. Si esta regeneración se hace con un mayor grado de clandestinidad las dificultades de inteligencia e investigación van a aumentar.
 
Los informes elaborados en Estados Unidos y el Reino Unido sobre Irak han denunciado graves fallos en sus servicios de inteligencia. Los que han elaborado esos trabajos no son antipatriotas o han buscado eludir sus responsabilidades políticas cargándoselas a los servicios. En una democracia también los Cuerpos de seguridad deben estar sometidos al escrutinio del parlamento y están obligados a evolucionar.
 
El PSOE accedió a constituir la Comisión del 11-M convencido de que el PP cavaría su propia tumba en ella. Pero hasta ahora lo que ha quedado acreditado es más la incompetencia en la actuación de determinadas agencias de seguridad, que mentiras por parte del anterior Gobierno. Es evidente que el Gobierno no decía la verdad, pero no la decía porque quién tenía que dársela no la sabía. En este punto es previsible que los socialistas fomenten la idea de que el PP quiere perjudicar a los Cuerpos de seguridad para salvarse él, pero el gobierno haría bien en hacer causa política común para conocer la verdad y no tratar de deslegitimar la acción de la oposición.
 
Es fácil invocar el secreto para camuflar la incompetencia. Algunos que se creen encarnación del Estado por encima del juego político se rasgan las vestiduras porque se ponga en riesgo fuentes y procedimientos. Es cierto que nuestros parlamentarios deberán ser más escrupulosos en el tratamiento de la información. Pero eso no invalida la legitimidad y la conveniencia para someter a supervisión el trabajo de espías y policías. Hacerlo no es poner en cuestión la seguridad nacional por intereses partidistas, sino hacer que el Parlamento haga su trabajo por mejorar la seguridad de todos los españoles.

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