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Estado doblegado, nación postrada

No se trata de improvisar medidas, salir del paso, apagar fuegos, y esperar a la siguiente crisis o hasta que escampe. Es necesario, de una vez, hacer lo correcto: rechazar la extorsión y castigar a los criminales.

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La falta de principios, la fluidez con que se trata el marco jurídico aplicable y la imprevisión del Gobierno son dramáticos en muchos de los aspectos de la vida española; son letales cuando se negocia con criminales.
 
No es la primera vez que decimos que ante el crimen sólo hay una opción posible: perseguirlo para impedirlo y reprimirlo si se produce. El Estado debe ejercer el monopolio de la coacción en la obligatoria defensa de sus ciudadanos. El pago del secuestro del Playa de Bakio fue un aliciente para el apresamiento de otros barcos españoles, especialmente ante el contraste ofrecido por los barcos franceses y americanos liberados por sus ejércitos respectivos mediante el uso legítimo –en cumplimiento del deber de proteger a sus nacionales– de la fuerza.
 
Si no existe capacidad militar, si falta voluntad política o si, como en tantas otras ocasiones, hay una dimisión del poder público, más vale suprimir el impuesto como categoría contributiva y prohibir a los españoles pescar en aguas peligrosas, visitar países amenazantes, o pasear por barrios poco recomendables. Si no se puede contar con la defensa de la integridad por parte del Estado, ¿con qué se puede contar?

Convendría por otro lado señalar como a pesar del absurdo nombre, Atalanta –qué hay de Libertad de los mares, Seguridad del océano, o algo más inspirado–, no existe una misión europea en la zona, sino que cada palo aguanta su vela. En asuntos demasiado serios se da la impresión de unidad, y se pasa a la responsabilidad nacional, que es lo que se lleva. Siempre y cuando haya responsabilidad.
 
Cuando la pasada primavera Obama ordenó el rescate del Maersk Alabama en el que todos los tripulantes fueron recuperados sanos y salvos, y fueron abatidos tres piratas, el Estado americano cumplió con su deber, y su obligación fue coronada de éxito. Los piratas reaccionaron prometiendo venganza y asegurando llanto y dolor. Pero todo el mundo sabe que esto es pose y que sucede exactamente al revés. Los fuertes pueden faenar, y a los débiles y susceptibles de rendirse al chantaje, se les apresa. De momento los secuestros se centran en los barcos de Estados que pagan.

Es probable –es seguro– que el Gobierno –todo propaganda, nada eficacia– no haya preparado ni a los funcionarios, ni a los soldados, ni a la opinión pública para la defensa de los intereses de España, ahora muy concretamente personalizados en la tripulación de un barco español, pero es que las acciones tienen consecuencias. No se puede privilegiar a los nacionalismos excluyentes, no se puede preferir morir a matar, no se puede negociar la paz con terroristas, y en horas 24 pretender pasar a hacer lo que pide el ordenamiento jurídico y exigen los principios frente a un ataque contra intereses españoles.

No se trata de improvisar medidas, salir del paso, apagar fuegos, y esperar a la siguiente crisis o hasta que escampe. Es necesario, de una vez, hacer lo correcto: rechazar la extorsión y castigar a los criminales; o sufrir las consecuencias de ser, una vez más y en otra manifestación de la realidad, un Estado doblegado frente a los violentos, y una nación postrada por falta de valor y de principios.

© GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

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