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Expulsión inmediata de ANV

Los ayuntamientos proporcionan a ETA recursos económicos, información y capacidad de propaganda y otorgan dinero, datos y publicidad a la banda. Por duro que sea afirmarlo, dejar que ANV permanezca en las instituciones es ayudar a que ETA siga matando.

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Como Herri Batasuna, Jarrai y todas sus sucesoras –Euskal Herritarrok, Haika, Segi o Batasuna–, ANV es el camino natural de entrada en los comandos terroristas. El flujo, que siempre ha sido constante, se mantiene en la actualidad. Los militantes que ahora pasan a formar parte de ETA son menos que antes y más jóvenes, pero siguen usando el brazo institucional de ETA como cauce natural de enrolamiento. Varios de los fugados en las operaciones policiales contra el aparato institucional y político de ETA de los últimos meses –responsables, candidatos e integrantes de las listas de ANV ilegalizadas– han pasado ya a Francia para integrarse en la estructura criminal etarra.

Esto constituye una prueba más de un hecho fundamental y es que ANV es el brazo político directo y explícito de ETA. Tras las maniobras de Conde-Pumpido, Rubalcaba y Bermejo en las elecciones de mayo de 2007, ésta consiguió introducir en las instituciones 432 concejales y hacerse con más de cuarenta ayuntamientos. Algunos son pueblos grandes o lo suficientemente conocidos, donde sus maniobras llaman la atención de los medios; es el caso de Mondragón, Azpeitia, Pasajes, Villabona, Elorrio, o Leiza. Pero otros pueblos constituyen auténticas ratoneras para los constitucionalistas –genuinos disidentes políticos–, y los ayuntamientos constituyen instrumentos directos de y para ETA. Goizueta, Arbizu, Isasondo, Anoeta o Aulestia son agujeros negros de la democracia, usados por y para el terror, olvidados por la opinión pública.

De ellos, ETA recibe una sustanciosa aportación económica, que sirve para liberar activistas en el marco legal, lo que permite a la banda descargarse de los gastos relativos a la agitación, la propaganda y la desestabilización social e institucional. Permiten a ETA concentrar su dinero en los comandos y dejar lo demás a la financiación pública. Aunque puedan congelarse aportaciones presupuestarias al grupo, la rentabilidad se mantiene a través del contrato de funcionarios, trabajadores o asesores políticos que son, en el fondo, comisarios de ETA, organizadores de algaradas o chivatos al servicio de la banda pero pagados por el Estado.

Además, desde los ayuntamientos ETA mantiene su capacidad de control social, económico y político, a través de censos, impuestos y bases de datos. Sus ayuntamientos son una fuente incesante de datos para la banda, tanto sobre los ciudadanos como sobre las fuerzas de seguridad. Así tiene acceso desde a datos sobre impuestos de sociedades hasta a matrículas de coches y residencias de vecinos. Toda esa información va a parar en última instancia al fichero de ETA.

En tercer lugar, ETA mantiene con ANV un altavoz y un instrumento para el proselitismo. Sus concejales utilizan las instituciones para hacer apología del terrorismo, desestabilizar los plenos y atacar a las víctimas, a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a los concejales o a cualquiera que le lleve la contraria. Las oportunidades que las instituciones ofrecen a los electos proporcionan a ETA un baratísimo escaparate para la propaganda, hacia su propio mundo y hacia los demás. Sin ellas, tendría un grave problema de comunicación.

Al margen de las razones morales –que son bastante más importantes–, éstas son sólo tres poderosas razones estratégicas que justifican la expulsión inmediata de ANV de todas las instituciones. Los ayuntamientos proporcionan a ETA recursos económicos, información y capacidad de propaganda y otorgan dinero, datos y publicidad a la banda. Por duro que sea afirmarlo, dejar que ANV permanezca en las instituciones es ayudar a que ETA siga matando.

No parece que el Gobierno esté muy por la labor de cumplir de buena gana con una necesidad urgente y necesaria. Y tampoco parece que la oposición, con su nueva política de colaboracionismo con el PSOE, parezca dispuesta a exigírselo con la prioridad y gravedad necesarias. De nuevo, parece que tendrá que ser la sociedad civil la encargada de forzar a sus políticos a hacer algo al respecto. Por ello, saludamos la iniciativa lanzada por el Foro de Ermua hace algunos días para lograr que parte de nuestros impuestos dejen de financiar a ETA. Animamos a nuestros lectores a sumarse a su petición en el formulario preparado para la ocasión. ETA debe salir de las instituciones y debe hacerlo cuanto antes.

© GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

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