Una vez pasado el momento de la investidura del nuevo presidente, el Partido Popular debería exigir la apertura de una comisión de investigación que estudiara y analizara el 11-M con el objetivo de poner remedio a lo que parecen evidentes fallos de la inteligencia y de la policía. Es verdad que la Policía Nacional ha logrado un gran éxito en la captura y asedio de los terroristas implicados, pero no es menos cierto que, además del teléfono encontrado en la bolsa con la bomba, el hecho de que varios de los islamistas que sirvieron de apoyo logístico estuvieran ya fichados por delincuentes comunes, ayudó de manera relevante en el progreso de la investigación.
Sin embargo, los fallos iniciales en el día de los atentados, como la certificación por la mañana de que el explosivo era Titadyne, cuando era Goma 2, llama a la prudencia más que al júbilo. Es más, si se amplía el círculo no sólo a la gestión de la crisis, sino a la prevención de los atentados, el panorama es aún más desolador. En plena alerta preelectoral, a los dispositivos de vigilancia se les colaron una docena de terroristas armados con bombas hasta los dientes. Puede ocurrir, como de hecho ocurrió. Pero todo apunta a que pasó no por la pericia de los jihadistas, sino porque los cuerpos de seguridad del estado no miraban en la dirección adecuada.
Y lo mismo hay que decir del CNI, el servicio de inteligencia español que se empeñaba siete horas después del estallido de las bombas en decirle al Presidente del Gobierno que con casi toda seguridad ETA era la autora de los atentados. Cuando se leen los papeles desclasificados por el Gobierno la única deducción posible era que el CNI no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y que basaba su especulación en una lectura histórica de las ambiciones de la banda terrorista vasca. Ni rastro de informaciones concretas.
Y eso es lo verdaderamente preocupante. Amén de aclarar los rumores que siguen circulando sobre tráfico de información hacia el entonces partido de la oposición y que se supone que explicaría la convicción de Rubalcaba sobre lo que sabía el Gobierno. O su afirmación de que no todos los documentos del CNI habían sido desclasificados.
En Estados Unidos decidieron que el aparato de seguridad del 10 de septiembre ya no les servía el 12 y que la confianza de la gente que fue incapaz de prever el 11-S se la tenían que volver a ganar. Y, de hecho, aún siguen abiertas las investigaciones parlamentarias al respecto. Aquí, que sólo hay un servicio de inteligencia y que sólo la policía nacional ha sido la responsable de la investigación de los atentados, debería resultar más sencillo llegar a establecer qué falló y por qué falló. Es lo mínimo que se puede hacer frente a la ciudadanía. Porque si no se sacan las lecciones debidas, la próxima vez en lugar de 200 muertos serán 2000. Por eso, con luz y taquígrafos, que cada cual diga lo que dijo antes y durante el 11-M. Incluido, eso sí, el PSOE.
GEES: Grupo de Estudios Estratégicos