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La gran coalición, I

El PSOE no tendrá ningún reparo en sacrificar España si con ello cree que mantiene el poder

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El desafío lanzado por nacionalistas y terroristas desde el País Vasco, y el que van a lanzar en breve plazo los independentistas desde Cataluña, hace que no sea descabellado pensar en una gran coalición del PSOE y el Partido Popular para salvar la unidad de España, hoy gravemente amenazada. El objetivo fundamental de ese Gobierno de unidad nacional, nunca mejor dicho, debe ser dar una respuesta eficaz, desde la abrumadora legitimidad democrática que representa la suma de estos dos partidos, al Plan Ibarretxe, aprobado en el Parlamento vasco con el apoyo de los terroristas para volar nuestra Constitución. Esta gran coalición tendría el efecto añadido de recomponer un mínimo consenso social y político que permita superar la creciente fractura ideológica que hoy se observa en nuestra sociedad.
 
Es difícil, sin embargo, pensar en la viabilidad de esta propuesta de gran coalición, cuando el PSOE ni tan siquiera ha querido aceptar la oferta de acuerdo puntual lanzada por el PP para defender el modelo territorial que establece la Constitución. El PSOE no tendrá ningún reparo en sacrificar España si con ello cree que mantiene el poder. Su estrategia electoral pasa además por enfrentar y dividir a la sociedad antes que por recomponer el consenso social.
 
El sistema electoral español diseñado en la Transición ha provocado la perversión de someter de forma casi permanente las mayorías obtenidas por socialistas o populares al chantaje de las minorías. Esas minorías no han sido, además, fuerzas de centro que hayan servido para moderar las opciones de izquierda o derecha de los dos grandes partidos nacionales, fortaleciendo así la cohesión del país. Por el contrario, esas minorías han sido siempre partidos nacionalistas que con más o menos ímpetu han buscado siempre dos objetivos: obtener ventajas diferenciales paras sus territorios y acercase en última instancia a la independencia de España.
 
Esta sobrerrepresentación que el sistema electoral ha dado a las minorías nacionalistas y el poder que la aritmética parlamentaria les ha conferido en cinco de las ocho legislaturas de nuestra democracia, lejos de haber servido para comprometer a estas fuerzas en un proyecto común, ha sido utilizado de forma absolutamente desleal por los nacionalistas para escalar peldaños hacia la independencia. La culminación de este proceso ha sido la aprobación en la Cámara de Vitoria del Plan Ibarretxe.
 
El Plan soberanista vasco requiere una respuesta contundente e inmediata. Contundente no sólo porque supone una amenaza inminente a la unidad de España, sino porque quiebra las bases de nuestra convivencia democrática y supone una victoria política de los terroristas inaceptable desde un punto de vista moral. Inmediata, porque cuanto mayor dilación o ambigüedad haya en la respuesta mayor será la fuerza y el coste que habrá que emplear para detenerlo más adelante.
 
El problema es que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no puede dar esa contundente e inmediata respuesta mientras mantenga su coalición con ERC. Los independentistas catalanes no quieren que el Gobierno frene el Plan Ibarrtexe, porque eso supondría frenar su propio Plan.
 
Hay, por tanto, dos únicas alternativas: o Zapatero convoca elecciones de inmediato para que los españoles podamos decidir quién, y cómo, hace frente a este desafío o los dos partidos mayoritarios ponen en marcha una gran coalición que no sólo frene el Plan Ibarrtexe, sino que paralice también el plan de autodeterminación catalán y realice la reforma electoral necesaria para que las mayorías electorales no estén en el futuro sometidas al chantaje de las minorías nacionalistas.
 
En nuestra opinión, la opción de la gran coalición presenta tres ventajas. Por un lado, es una respuesta política a la altura del desafío lanzado por el Parlamento vasco, dando así la máxima legitimidad a la aplicación de las previsiones que nuestra Constitución prevé para estos casos. Por otro, permitiría afrontar las reformas que acabaran con la raíz del problema, y no sólo con su materialización coyuntural en el Plan Ibarrtexe. Por último, debería servir para reducir la creciente crispación y frentismo que la actual coalición socialista-comunista-independentista está generando en nuestra sociedad.

Nada de antidemocrático puede haber en esta gran coalición, que ya se puso en marcha en otros países europeos en situaciones menos graves que la que atraviesa ahora nuestra nación. Que esta propuesta sea hoy políticamente inviable, por la irresponsabilidad histórica en la que se encuentra instalado el PSOE, no significa que nosotros no podamos defenderla desde nuestra responsabilidad intelectual.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos

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