Todo parece indicar que ETA ha conseguido consolidar cierta estructura operativa en la provincia de Vizcaya. Este grupo tiene capacidad de actuar en los alrededores de Bilbao, y de desplazarse a provincias limítrofes –caso del atentado del 6 de mayo en Castrourdiales. Si la banda tiene dificultades para consolidar comandos estables fuera del País Vasco –sustituyéndolos por itinerantes, a veces llegados de Francia– en determinadas comarcas vascas sigue teniendo apoyo para lograr cierta infraestructura, pequeña, organizada y capaz de hacer mucho daño.
Lo que incluye cierta capacidad informativa. A la espera de conocer los detalles –tipo de bomba, colocación, medidas de autoseguridad del fallecido– está claro que el objetivo no ha sido simplemente un miembro de las FCSE, sino un miembro destacado de la lucha contra la banda. El crimen constituye una amenaza para aquellos miembros de cuerpos policiales que puedan dedicarse a combatirla en el futuro –caso de la Ertzaintza–, cuyos agentes son susceptibles de ser atacados de igual manera. Para los propios, ETA ha elegido un enemigo con mayúsculas, un caza-terroristas de la brigada de Información, librando a la izquierda abertzale y a su propia militancia de cualquier escrúpulo como el generado cuando mata a civiles, como los últimos de Ignacio Uría o Isaías Carrasco. El crimen es una búsqueda de autolegitimación de la aislada banda.
ETA, aún débil, mantiene capacidad económica y logística. Lo cual desmiente a Rubalcaba, que cada vez que la banda mata repite que ya está derrotada. Una vez más, los acontecimientos cogen al ministro con el pie cambiado, ausente en las primeras horas, sin proporcionar información. ¿Por qué se esconde el ministro de Interior? Habitualmente, le vemos correr a los medios cuando las noticias, o las no-noticias, son buenas, pero le cuesta sobremanera dar la cara cada vez que ETA asesina. Desde el consejero de Interior vasco hasta los representantes de la oposición, todos comparecen antes que aquel a quien corresponde hacerlo.
Por otro lado, ETA aún busca arrastrar a Zapatero a una nueva mesa de negociación. Zapatero nunca se ha arrepentido de la negociación con la banda, sumando a un error –el pacto con ETA–, un segundo error –la falta de una autocrítica convincente. Desgraciadamente, el peor Zapatero sigue siendo para ETA mejor que cualquier Rajoy comprometido con la aniquilación de la banda. Por eso busca arrastrarle a otra negociación. A cambio, en esta ocasión por primera vez le hemos oído decir que quiere "acabar con ETA", en vez de los circunloquios habituales de "acabar con el terrorismo" o "lograr la paz".
Algo es algo, pero no es suficiente. Ya advertimos aquí que la política del Gobierno se resumía en ni una mala palabra, ni una buena acción. Entre 1996 y 2004, la lucha antiterrorista, en todos los niveles, experimentó un paso adelante cuantitativo y cualitativo. Desde entonces –con el triste paréntesis de la negociación– el Gobierno socialista ha funcionado por inercia, quizá por esa falta de convicción que afecta a su presidente: la derrota de ETA no ocupa un lugar destacado en la agenda política de Zapatero.
Esta inercia, ante la ETA actual, no es suficiente. Al contrario de lo que afirma Rubalcaba, ETA, aún débil, tiene aún capacidad de matar y sembrar el terror: en el País Vasco o fuera de él. Queda aún mucha lucha contra la banda. Mostrar unidad con un documento firmado por todos los partidos no es suficiente: es hora de que el Gobierno impulse nuevas medidas legales, policiales e institucionales contra ETA. Empezando por la aún presencia de ETA en los ayuntamientos: ¿cómo es posible que la banda todavía siga ocupando cargos institucionales?