La calidad del personal de las Fuerzas Armadas actuales es vital. Cómo conseguir, formar y gestionar este recurso es fundamental en una realidad dominada por la reducción y la flexibilidad de los efectivos, su progresiva tecnificación para hacer frente a los nuevos y diversos escenarios, y la externalización de tareas para que el elemento militar, escaso y caro, se dedique a lo más concreto de su tarea.
Es evidente la necesidad de profundizar en la reforma de la carrera militar cuyos objetivos básicos deben ser la motivación y la calidad profesional. Una profesión que, aunque en buena medida vocacional, debe ser lo suficientemente atractiva para aquellos que decidan emprenderla con la seguridad de que el Estado velará por ellos para que sus expectativas no se vean defraudadas. Si la carrera militar no es mínimamente atrayente habrá menos personas que intenten acceder a ella y, como consecuencia, su calidad disminuirá. Ninguno de estos aspectos se menciona en la Ley de Carrera Militar, que desde antes de su entrada en vigor el 1 de enero de 2008, ya había provocado malestar en las Fuerzas Armadas.
La integración de escalas que recoge dicha ley es, hasta hoy, el punto más polémico por los resultados tan extravagantes e injustos que provoca en todas las escalas de oficiales. Son cientos y cientos las imputaciones que hay contra esta obra de ingeniería del Gobierno socialista que ha provocado una caótica situación. Pero existen otros puntos polémicos en la Ley de Carrera Militar, como el establecimiento de un nuevo modelo de enseñanza.
Frente a la enseñanza impartida en los centros docentes militares con las titulaciones del sistema educativo general que contemplaba la anterior ley, se establece ahora como requisito tener un título de grado universitario para acceder a las escalas de oficiales y un título de formación profesional de grado superior para acceder a las escalas de suboficiales, aunque el texto no se ofrece ninguna razón para ello. Todo a través de un sistema de Centros Universitarios de Defensa sobre los que planean aún muchas incógnitas. Por otra parte, es fácil pronosticar que si el tiempo de formación va a seguir siendo el mismo, un incremento del tiempo lectivo necesario para alcanzar estas titulaciones irá en detrimento del tiempo dedicado a la enseñanza militar. Una enseñanza militar que necesita más periodos de instrucción, ejercicios, prácticas, adiestramiento y maniobras, así como reciclaje de conocimientos sobre armamentos y equipos, y que la nueva ley no menciona. El texto tampoco hace alusión a la necesidad de aproximar la enseñanza y la carrera militar en nuestro país a los de nuestro entorno, para que el trabajo que se haga conjuntamente se haga más fluido y eficaz. Como consecuencia, apenas se mencionan los cursos en el extranjero y nada sobre la enseñanza de idiomas.
La Ley de Carrera Militar no incluye tampoco los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, capítulo que se deja para una ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales que se está esperando desde 2005. El texto recoge, sin embargo, unas reglas de comportamiento del militar que se ajustarían mejor en la futura ley de derechos y deberes, e incluso da competencias a los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos en el tema de derechos y libertades antes de que éstos estén regulados definitivamente.
La Ley de Carrera Militar es un nuevo fraude del Gobierno socialista que la ministra Chacón pretende tirar hacia delante a pesar de malestar que ha creado. Un despropósito de norma que perjudica aún más a unas Fuerzas Armadas cada vez más desmotivadas. Una ley que se atreve hasta a modificar de manera artificial la antigüedad, un valor que en la milicia impone y debe respeto.