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La reforma que no cesa

Para cuatro de los cinco grandes, el derecho de veto es el mayor activo de su patrimonio diplomático y, por lo tanto, harán todo lo posible para retenerlo. En otras palabras, no lo cederán y no permitirán que otros accedan a él

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Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, ha hecho unas declaraciones en Nueva Delhi urgiendo a la comunidad internacional para que asuma los planes de reforma del Consejo de Seguridad. El lugar era apropiado, dada la legítima aspiración de la India a formar parte, en calidad de miembro permanente, del órgano multilateral por excelencia. También ha reconocido que la reforma no puede aspirar a que los cinco grandes renuncien a su derecho de veto, porque no sería realista.
 
Annan se encuentra al frente de una institución que pasa por la mayor crisis de su historia.
 
En la Asamblea General, países gobernados por regímenes antidemocráticos dan lecciones de democracia, apoyan al terrorismo y tratan de bloquear acciones contrarias a la corrupción. El resultado es el descrédito internacional, reconocido incluso en los documentos elaborados por el Secretariado.
 
El Consejo de Seguridad representa una realidad superada. Su composición es anacrónica. Se reconocen derechos a estados como Francia y el Reino Unido que son inaceptables en 2005, tanto como la  ausencia de Alemania, Japón, India... El Consejo es un directorio de grandes potencias, donde al amparo de los elevados principios de la Organización se dirimen intereses nacionales. El resultado es la inacción. El derecho de veto actúa en los dos sentidos. Cuando los grandes no se ponen de acuerdo sencillamente la ONU se paraliza. De ahí que, desde 1945 hasta hoy, la mayor parte de los conflictos se hayan resuelto sin una intervención operativa de Naciones Unidas.
 
El Secretariado se encuentra bajo el estigma de la corrupta ejecución del programa “petróleo por alimentos”. Falta dirimir las responsabilidades concretas, pero las colectivas son evidentes.
 
Por todo ello es comprensible que Annan intente empujar la reforma. Se trata de dar la impresión de que Naciones Unidas se está adaptando a los nuevos tiempos y que, por lo tanto, podrá ocuparse de sus elevadas funciones durante las próximas décadas. La ONU, desde esta perspectiva, continuará asumiendo el papel de eje de la sociedad internacional. El problema es que la reforma no resuelve los dos déficits esenciales.
 
Los estados miembros incumplen la Carta y la Declaración de Derechos Humanos. Una buena parte de sus regímenes políticos, incluyendo algún miembro del Consejo con derecho de veto, incumplen la norma que tienen que defender, deslegitimando a la propia organización. La cuestión de los derechos humanos es esencial. Durante la Guerra Fría la escuela realista desdeñó el problema. Era evidente que muchos miembros violaban los derechos humanos..., pero no suponían una amenaza para las naciones occidentales. Sin embargo, desde el 11-S la situación ha cambiado. El islamismo se nutre del escándalo de la corrupción y de la incompetencia económica de sus gobiernos. La nueva estrategia norteamericana, parcialmente asumida por los estados europeos, pasa por animar cambios en esos regímenes para orientar su evolución hacia una mayor democracia, economía abierta, mejor educación y combate contra la corrupción. El respeto a los derechos humanos es fundamental es esta nueva estrategia. Ya no caben contemplaciones con regímenes dictatoriales. Si la Asamblea sigue siendo su reino, se convertirá en un guetto diplomático. Si quiere ser un punto de referencia, deberá transformarse en un club democrático, para lo que tendrá que asumir acciones contra estados miembros que hoy no están en la agenda de Naciones Unidas.
 
En el Consejo la reforma apunta a incorporar a los grandes que no están, pero sin las mismas condiciones, sin el derecho de veto. Este derecho supone un principio conservador: la foto de 1945 se quiere proyectar en el tiempo. Se acepta a otros, pero como socios de segunda. Para cuatro de los cinco grandes, el derecho de veto es el mayor activo de su patrimonio diplomático y, por lo tanto, harán todo lo posible para retenerlo. En otras palabras, no lo cederán y no permitirán que otros accedan a él, porque en ese caso perdería valor. La reforma no resuelve el problema de la representatividad, pero entorpece el proceso de toma de decisión. A más miembros, mayor dificultad para hallar una posición común.
 
Annan está en su papel, pero la realidad se obstina en quitarle la razón. Las reformas planteadas pueden ser las posibles, pero no son las necesarias.

© GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

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