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La responsabilidad del ministro Alonso

es inadmisible que el jefe político de los guardias implicados en este suceso se haya mostrado mucho más severo que la propia juez que instruye las diligencias penales

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La seguridad de los españoles se degrada aceleradamente en manos de un juez progresista metido a aprendiz de político. La capacidad de un Ministro del Interior no se mide por apropiarse políticamente de los éxitos de las Fuerzas de Seguridad, una habilidad mediática que el Ministro Alonso ha adquirido con inusitada rapidez, sino por su liderazgo en situaciones difíciles, como la que se está viviendo a raíz del incidente de Roquetas.
 
La gestión política del caso por el ministro Alonso no puede haber sido más desafortunada. En primer lugar, es inadmisible que el jefe político de los guardias implicados en este suceso se haya mostrado mucho más severo que la propia juez que instruye las diligencias penales. De un ministro del Interior cabe esperar que respalde a sus subordinados o que al menos no se ponga a la cabeza de la manifestación para linchar socialmente a unos guardias cuyas responsabilidades judiciales y disciplinarias están aún por determinar.
 
Pero más daño aún ha hecho el titular de Interior al conjunto de la Guardia Civil con su referencia a “las resistencias internas a la investigación”, a modo de excusa para justificar la falta de reacción de su ministerio ante estos graves sucesos. O el Ministro aclara quién ha ejercido esa resistencia y depura las responsabilidades disciplinarias por ellas o habrá sometido al conjunto del Cuerpo a una sombra de sospecha inmerecida e injusta.
 
Las implicaciones políticas para nuestra seguridad de este caso son graves en unos momentos en los que la amenaza del terrorismo islamista es especialmente intensa en toda Europa y en el que el crimen organizado crece de forma preocupante en España. Por un lado, el ensañamiento político y mediático con los guardias civiles de Roquetas hará que muchos funcionarios policiales decidan en el futuro inhibirse ante situaciones peligrosas en las que actuar solo puede acarrearles problemas. En segundo lugar, la motivación y la moral de los miembros de las Fuerzas de Seguridad puede venirse abajo ante el trato recibido de sus superiores políticos y el absoluto silencio de sus mandos. Por último, varios aliados parlamentarios del Gobierno han aprovechado el caso para pedir públicamente la supresión de la Guardia Civil, algo que amplios sectores del PSOE vienen persiguiendo desde hace tiempo. Esta pretendida disolución de la Guardia Civil significaría quebrar un pilar fundamental de nuestra seguridad.
 
La Guardia Civil detiene cada año a más de cien mil presuntos delincuentes. Como norma general el trato dado a los detenidos es impecable. En algún caso aislado, como el que nos ocupa, pueden producirse errores o responsabilidades que deben ser depuradas con diligencia y firmeza. Nuestro sistema penal y el propio régimen disciplinario del Cuerpo se han mostrado eficaces para aclarar y castigar esas conductas. El problema es que una gestión política tan nefasta de este caso pueda terminar repercutiendo negativamente en la seguridad de todos los españoles.

© GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

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