Tras cada nuevo gran atentado terrorista, los ministros del interior de los países miembros de la Unión Europea se reúnen para hacer ostentosas condenas del terrorismo, expresar su solidaridad con el país agredido y prometer que van a hacer lo que previamente se habían comprometido y aún no habían hecho para mejorar la eficacia de la lucha contra el terror. Así fue tras el 11-S, tras el 11-M y así ha sido tras el 7-J.
El problema es que en esta ocasión, junto a las expresiones de solidaridad ha habido algunos reproches importantes, espacialmente entre el ministro del interior francés, Nicolas Sarkozy y su homologo británico, Charles Clarke. En las declaraciones del ministro galo, preguntándose como es posible que los terroristas hubieran quedado en libertad tras su presunta detención en la primavera de 2004, parece que hay una crítica más profunda sobre la tolerancia que Londres ha mostrado históricamente con los radicales islámicos y los riesgos que de esa tolerancia se derivan para la seguridad de los británicos y de todos los europeos. Consecuente con ese discurso, Sarkozy ha anunciado además la aplicación del punto segundo del Tratado de Schengen que prevé la suspensión de la libertad de movimientos en las fronteras interiores en casos excepcionales.
La respuesta a los atentados de Londres está siendo así una mayor nacionalización de la seguridad, en vez de una apuesta por profundizar en una seguridad común y compartida como suponían algunos. La supresión de las fronteras interiores, una de las principales conquistas de la Unión en toda su historia, es percibida a la luz de la nueva amenaza terrorista como una vulnerabilidad que es necesario repensar.
En esta misma línea, resulta ilustrativo que mientras los ministros del interior de la Unión se tiraban los trastos a la cabeza, el Primer Ministro Tony Blair anunciara al Parlamento británico la puesta en marcha de un plan de lucha contra el terrorismo para el Reino Unido de una ambición y trascendencia política mucho mayor que las propuestas de los ministros. El plan presentado por Blair incluye medidas para luchar contra aquellos que incitan al terrorismo o están en el origen de actos terroristas, el refuerzo de los controles para impedir su entrada en Reino Unido, la agilización de las deportaciones, la colaboración con los líderes musulmanes para luchar contra la “perversa y venenosa interpretación del Islam” que promueven los terroristas y una movilización internacional para promover la “visión moderada y verdadera del Islam”.
