Si ayer hablábamos de lo que se avecina en el campo de la economía, hoy seguimos recordando que la vida continúa después del 9 de marzo y que los problemas, también en el ámbito de la inmigración, siguen ahí. Y creciendo.
Hay un dato que podría llevar al optimismo, si no fuera porque ya conocemos el paño. Zapatero se ha comprometido en su programa electoral a desarrollar tres aspectos fundamentales: consolidación de una política de inmigración basada en la canalización ordenada de los flujos en función de las necesidades del mercado laboral español, en la lucha contra la inmigración irregular y en la integración de los inmigrantes, garantizando el respeto de los principios y derechos constitucionales de todos.
También se compromete a fortalecer los programas destinados a asegurar la capacidad de los servicios públicos para seguir atendiendo con calidad a todos los españoles. Por último, pretende impulsar una política común integral de inmigración en la UE cuyo eje sea el de crear una Policía Común de Fronteras.
O sea, lo mismo que lleva el PP cuatro años pidiendo, solicitando y señalando, y por lo que se le ha llamado de todo. Sí, también xenófobo.
Dentro y fuera de España, hemos denunciado hasta la hartura las nefastas consecuencias que tuvo la regulación masiva que desencadenó el efecto llamada. Nuestros socios europeos se llevaron las manos a la cabeza ante tamaña insensatez. Ahora, cuatro años después, Zapatero vende a los votantes la idea de tomar en consideración al resto de Europa. Lo que pasa es que ya sabemos lo que significa para el presidente del Gobierno español regresar al corazón de Europa. Además, se suprimió el órgano de coordinación de la administración (la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración). Se descuidaron las precauciones en nuestras fronteras. No se consultó a los grandes ayuntamientos receptores de inmigrantes. No se tomaron medidas sociales de integración, con financiación. Se puso a la administración en situación límite. Se crearon falsas expectativas a quienes ya estaban aquí y a quienes comenzaron a llegar.
Ahora, Zapatero habla de una inmigración ordenada basada en las necesidades del mercado laboral. Desde esta y otras muchas páginas se ha propuesto crear oficinas de contratación en origen. Como queda demostrado que los asesores del presidente leen las páginas del GEES, ahí va otra sugerencia: que la agencia funcione como un ente institucional integrado por las organizaciones empresariales y sindicales, además de las administraciones autonómicas. Así, se podrá orquestar una auténtica política de inmigración organizada en todo el territorio nacional. Se podría combatir la concentración de bolsas de inmigrantes en determinadas zonas, que generalmente llegan hasta dichos lugares aprovechando los resquicios legales y la diferencia entre unas comunidades autónomas y otras.
El presidente se compromete a mejorar los servicios públicos que han ido menguando su capacidad ante la avalancha de gente que hay que atender en tiempo récord. Este fue uno de los compromisos de Mariano Rajoy durante uno de los debates previos a las elecciones y también se tachó su propuesta de dura y poco solidaria.
La integración de los inmigrantes se hará "garantizando el respeto de los principios y derechos constitucionales de todos". O sea, basado en los principios del Contrato de Integración que es una realidad en países de nuestro entorno, como Reino Unido, Francia y Holanda, que también pertenecen a ese corazón que tanto ansiamos enamorar.
Dicen que rectificar es de sabios. Aunque sea con cuatro años de retraso, los ciudadanos acogeremos con alborozo que el nuevo Gobierno socialista baje al terreno de juego y abandone el laberinto de Alicia en el País de las Maravillas en el que Zapatero se había perdido.
Es bueno que lo haga cuanto antes. No olvidemos que, después del 9 de marzo, seguimos teniendo más de un millón de inmigrantes ilegales. El balance de víctimas muertas en el mar y en avalanchas por alcanzar la frontera con España supera las 5.000 personas. Aunque ya ha pasado el 9 de marzo, el paro en este colectivo es de 400.000 (407.700 según la EPA del IV Trimestre de 2007) y hay 250.000 en paro registrado (240.707 según el INEM en enero de 2008).
La mala gestión de este Ejecutivo ha propiciado que la inmigración se haya convertido en una gran preocupación social, como demuestran las encuestas. En marzo del 2004, la inmigración era un problema sólo para el 9%. El porcentaje lleva dos años y medio por encima del 30%.
Repetimos, es bueno que el presidente del Gobierno se ponga manos a la obra de inmediato y demuestre que los programas electorales están para cumplirlos. Estaremos vigilantes.
