Las fuerzas de seguridad de Jartum están llevando a cabo una campaña de detenciones arbitrarias, torturas e intimidaciones mientras que las autoridades sudanesas han socavado más los derechos civiles y políticos de la población.
Con toda probabilidad, Sudán dará de qué hablar este nuevo curso que empieza. Y no serán buenas noticias. Observadores y expertos aseguran que las probabilidades de que este país africano se enrede en una nueva y sangrienta guerra en 2011, en la que no faltará el genocidio, son bastante altas. Obama, que en su etapa de candidato criticó ferozmente a los republicanos por no hacer lo suficiente en la crítica región sudanesa de Darfur, prometió convertir a Sudán en una prioridad de su administración. No ha sido así y su política con respecto al país, a su presidente, a la difícil situación en Darfur y al futuro del sur del país, se puede calificar de incoherente y contradictoria. Al menos George W. Bush consiguió arrancar un acuerdo de paz en 2005 entre el norte y el sur de Sudán. A estas alturas nadie espera que Obama pierda el tiempo con este país africano, pero a lo mejor asiste a la ruptura de lo que sí fue capaz de conseguir Bush.
Son dos los principales conflictos en los que está inmerso el país. Por un lado está la región occidental del país, Darfur. Desde 2003 varios grupos rebeldes definidos como no-árabes o africanos se levantaron contra el régimen de Omar Al-Bashir por la marginalización de la región, lo que provocó una brutal represión por parte de Jartum y las milicias árabes pro-gubernamentales denominadas Yanyawid. Ambas partes enfrentadas son musulmanas. Según la ONU, el conflicto ha causado unos 300.000 muertos y ha obligado a 2,7 millones de personas a abandonar sus comunidades de origen, aunque otras fuentes elevan considerablemente esas cifras. La situación humanitaria en Darfur se ha deteriorado de manera constante durante el último año debido al reinicio de los conflictos entre los rebeldes y el Estado, así como a los enfrentamientos entre facciones tribales. Ha aumentado el acoso, la amenaza y la violencia contra personal humanitario, y la vulnerabilidad de los refugiados, siempre con el beneplácito del gobierno. La guerra está aún lejos de terminarse.
Por otro lado está el eterno conflicto entre las fuerzas del gobierno de Jartum –árabe, musulmán y apoyado por las élites del norte y centro del país– y las fuerzas rebeldes situadas en el sur del país –cristianas y animistas. Se inició a los pocos meses de la independencia del país en 1956 y se prolongó intermitentemente hasta 2005. El último periodo de guerra duró más de 20 años y estalló en 1983, tras la decisión del gobierno de imponer la sharia en todo el país, incluidos los cristianos y animistas. El descubrimiento y la explotación de importantes yacimientos de petróleo en el sur agravaron el conflicto por el control de los recursos. El balance fue de más de dos millones de muertos y cuatro millones de desplazados. Un acuerdo de paz en 2005 estableció un gobierno provisional y la celebración, en enero de 2011, de un referéndum sobre la autonomía del sur de Sudán y el estatus de la región petrolífera de Abye. Apenas quedan cuatro meses y su celebración se tambalea, las negociaciones apenas han comenzado y las tensiones aumentan. Hay discrepancias por las fronteras, la deuda, el reparto del agua y del petróleo. Incluso si se llegara a celebrar el referéndum, el sur de Sudán tampoco estaría preparado para la independencia: carece de instituciones y de funcionarios, de eficientes fuerzas de seguridad y la región está plagada de disputas internas entre etnias e intereses económicos. Algunos observadores lo han etiquetado como un "Estado pre-fallido". Además, las fuerzas de seguridad de Jartum están llevando a cabo una campaña de detenciones arbitrarias, torturas e intimidaciones mientras que las autoridades sudanesas han socavado más los derechos civiles y políticos de la población.
Tampoco hay que olvidarse del presidente sudanés Omar Al-Bashir. Viaja impunemente fuera de su país a otros firmantes del Estatuto de Roma a pesar de que el Tribunal Penal Internacional emitió una primera orden de arresto el 4 de marzo del 2009 por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur. Una segunda fue dictada el 12 de julio pasado y añadía tres cargos de genocidio.
La situación es muy complicada y no existe una solución perfecta. A lo largo de estos años Estados Unidos ha sido quien más ha presionado para encontrar una solución a los varios frentes abiertos en el país, aunque no lo suficiente. El actual presidente norteamericano le prestará aún menos atención con el agravante de que prometió convertir a Sudán en una prioridad. Volvió a mentir.
