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Ni una mala palabra ni una buena acción

Siguen pensando que el acuerdo con la banda es posible si se dan las circunstancias, y siguen convencidos de que un fuerte impulso policial, judicial y social puede resultar contraproducente para la paz.

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La historia es ya bien conocida. El PSE negoció y pactó con ETA antes de 2006, y miembros destacados de los socialistas vascos negociaron y negocian con la banda tras el crimen de la T4, y aún tras el de Isaías Carrasco. Durante 2006 sólo asistimos a la fase última de los pactos, la de ponerlos en marcha. Para ello, el Gobierno instrumentalizó la lucha antiterrorista. En primer lugar, las fuerzas de seguridad recibieron presiones y consignas claras de sus responsables políticos en relación con la lucha contra ETA. El caso del Bar Faisán es quizá el ejemplo más grave de todo ello, por constituir un delito gravísimo, del que Rubalcaba debe aún dar explicaciones.

No es todo. En segundo lugar, a través de Bermejo y Conde Pumpido, el Ejecutivo buscó también paralizar y encauzar a favor de los pactos con ETA a la Justicia. Ésta no sólo no funcionó como debía, sino que funcionó como no debía. En tercer lugar, el PSOE rompió y pulverizó el Pacto por las Libertades, y amparó social y políticamente a la izquierda abertzale, que no es más que la izquierda proetarra creada y organizada políticamente por ETA a finales de los años setenta. En el fondo, latía la fuerte convicción en el PSOE-PSE de que había que superar la Constitución y construir lo que llamaron y llaman un "nuevo acuerdo de convivencia", que se podría pactar con ETA. Los planes para el País Vasco y Navarra se rompieron por la presión popular, que acobardó a los socialistas ante las exigencias etarras para cumplir lo pactado. El PSE dejó de negociar, pero a regañadientes, sin arrepentimiento y sin asomo de propósito de enmienda.

Pero por lo demás, todo sigue igual. En los últimos dos años, la política antiterrorista del PSOE se define así: ni una mala palabra ni una buena acción. Una política antiterrorista acertada no se caracteriza por dejar hacer y dejar funcionar sin más a los distintos aparatos del Estado. Se define por una política activa, clara y rotunda de persecución a la banda. En los tres aspectos antes citados, se trata de, primero, un impulso diario y decidido a la actuación de las Fuerzas de Seguridad, de cobertura institucional, humana, técnica. Segundo, de un impulso continuo y sostenido a la reforma de la ley para combatir más a ETA, y de una actividad frenética de la fiscalía contra los etarras y sus aledaños. Y en tercer lugar, un combate absoluto y firme en la sociedad española y vasca, de acoso y marginación del mundo etarra, aquel que empieza en las Herriko Tabernas y termina en el zulo de Ortega Lara pasando por el mundo cultural y social de ETA.

Esta política activa –con la que Aznar llevó a ETA al borde de la quiebra en 2004–, está hoy ausente en el Gobierno, en el PSOE y en el PSE. Patxi López y Zapatero siguen sin hablar de la derrota definitiva y total de ETA, y su programa sigue consistiendo en la reformulación sociopolítica de la convivencia en el País Vasco, justo la misma idea que les llevó a negociar con ETA. Siguen pensando que el acuerdo con la banda es posible si se dan las circunstancias, y siguen convencidos de que un fuerte impulso policial, judicial y social puede resultar contraproducente para la paz. Hoy, los éxitos contra la banda de las FSE y las acciones judiciales funcionan con un Gobierno a medio camino entre la desgana y el oportunismo. Los propios de quien no está arrepentido, pero no quiere hacerse cargo de sus propios actos y no quiere ser reprendido por sus adversarios. Pero no nos olvidemos. Respecto a ETA, el PSE-PSOE se caracteriza por esta máxima: ni una mala palabra ni una buena acción. Malos precedentes para quien aspira a la Lehendakaritza.

© GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

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