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Pedagogía sobre la autovía

Nótese la anomalía. El ministerio encargado de perseguir a quien supere el límite de velocidad, coja el coche tras haber tomado una copa o pise demasiado el acelerador, se inhibe ante delitos violentos efectuados con premeditación.

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Examinar al Gobierno de Zapatero mediante las categorías normales de la política es un error. Es cierto que no está ni administrando la economía ni gobernando un país necesitado de un Gobierno con capacidad de liderazgo. Pero es que no es ese su propósito. De lo que se trata es de "pedagogizar", reeducar a los españoles y cambiar la sociedad española en su aspecto moral, cultural e ideológico.

Concebir así la política tiene como consecuencia poner todos los instrumentos del Estado al servicio de la reeducación social. Así, ha creado nuevos ministerios (Igualdad); ha cambiado otros para dedicarse a otras funciones (Educación y Política Social, Exteriores y cooperación) y utiliza otros, no para hacer su función, sino para otras distintas: el de Defensa, colocando a alguien por motivos sexistas y no profesionales; el de Justicia, con un ministro dedicado a la ideología. Y ocurre también con el Ministerio de Interior.

A través de la DGT, el Ministerio del Interior se está convirtiendo en la punta de lanza de la campaña de reeducación social de los españoles. Con el pretexto de la seguridad vial, está llevando a cabo una campaña de conversión del ciudadano en súbdito, y del súbdito en delincuente en potencia. Es en relación con el tráfico –aprovechando el drama humano que conllevan los accidentes–, donde el Gobierno más y más profundamente reeduca a la sociedad. Se convierten hechos habituales en cualquier conductor en infracciones, y las infracciones en delitos. Se le dice al español qué, cuándo, cómo y para qué conducir. Cada vez más y con más intensidad, desarmándolo moral y legalmente. Se le trata como un culpable por el hecho de ser conductor. No exageramos: la última campaña de la DGT muestra un desprecio y una agresividad hacia el ciudadano que sería impensable en un país donde se respetara al contribuyente.

Este uso de los resortes del Estado con fines ajenos a aquello para lo que están pensados tiene una segunda consecuencia: dejan de usarse para sus fines auténticos, velar por la libertad y la seguridad de los españoles. Lo que queda de manifiesto con la huelga del transporte, de una violencia inaudita: cerco de ciudades, bloqueo de carreteras, corte de suministros. Y registros de coches, quema de camiones, apedreamiento de vehículos. El desafío al Estado es total, en todas las ciudades y contra todos los sectores económicos del país.

Durante dos días y medio –quién sabe si a partir de ahora–, la desaparición del Estado de Derecho ha sido total, quedando los ciudadanos a merced de los piqueteros. Y todo ello ante la presencia pasiva de la Guardia Civil y la policía, inactivas hasta la tarde del miércoles. Sus miembros han denunciado la existencia de órdenes para no intervenir ante los desmanes, muchos de los cuales han sucedido frente a ellos.

Nótese la anomalía. El ministerio encargado de perseguir a quien supere el límite de velocidad, coja el coche tras haber tomado una copa o pise demasiado el acelerador, se inhibe ante delitos violentos efectuados con premeditación. En el mismo punto de la misma autovía, un conductor podía ser multado el domingo por ir con exceso de velocidad, pero un piquetero que cruzara su camión y tirara piedras un día después y ante la Guardia Civil, no. Una aberración desde el punto de vista del Estado de Derecho, pero que tiene sentido cuando no se trata de defenderlo, sino de reeducar a la ciudadanía.

Toca esperar en qué quedan las amenazas de Rubalcaba. Pero lo fundamental ha quedado ya a la luz. Zapatero está volviendo el Estado del revés al convertir pequeñas infracciones en delitos penales y al mismo tiempo convertir hechos manifiestamente delictivos en comportamientos tolerados y permitidos. Es una inversión de valores: las autovías no son una infraestructura necesaria para que los ciudadanos desarrollen libremente sus actividades personales y profesionales, sino la ocasión para educarlos en los valores progresistas. Por eso, cuando sobre el asfalto se vulneran derechos fundamentales, el Gobierno ni sabe bien qué hacer ni tiene demasiado interés en hacerlo.

© GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

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