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Perversión judicial

Con su auto, Andreu pervierte los delitos más monstruosos posibles, los de crímenes contra la humanidad, así como la naturaleza del conflicto entre el genocida Hamás y el democrático Israel.

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Son varias las conclusiones que pueden extraerse del auto del juez Andreu de la Audiencia Nacional admitiendo la denuncia de una oscura y sospechosa asociación palestina contra militares y civiles israelíes.

En primer lugar, por ignorancia o mala fe, el juez Andreu pasa por alto que los crímenes contra la humanidad nacieron como respuesta a las políticas explícitas de exterminio y aniquilación de la población civil. Políticas de exterminio planificadas por los Estados y ejecutadas con crímenes en masa. Que no es el caso lo demuestra el hecho de que la bomba, de gran potencia e inteligente, explotó en la casa-búnker del terrorista, existiendo otras alternativas más indiscriminadas, baratas y seguras para los israelíes. Además está el hecho de que tanto las declaraciones oficiales de las autoridades israelíes como las ordenanzas de sus fuerzas armadas parten del principio de no herir a la población civil palestina. No hay ningún indicio de que existan crímenes contra la humanidad.

En segundo lugar, el juez, en su auto, desnaturaliza un delito muy concreto, el de crimen contra la humanidad, y equipara un error o un fallo militar con las políticas deliberadas de asesinato en masa. Al hacerlo, desprotege jurídicamente también a los soldados españoles: ¿qué pasa con los que han matado o maten por equivocación a civiles? Andreu equipara la acción militar de 2002 con los genocidios judío, armenio o ruandés, desnaturalizándola y pervirtiendo su significado.

Tres. El juez de nuevo peca de ignorancia o mala fe, en la medida en que Salah Shehadeh no era un "presunto miembro de Hamás", sino un conocido y destacado miembro de la banda desde su fundación. Era el responsable de dirigir atentados terroristas contra la población civil israelí, incluso con la utilización de suicidas. Lo que es reconocido no sólo por servicios de información de varias naciones, sino por la misma Hamás.

En cuarto lugar, siguiendo lo legalmente establecido, Andreu dispone que se remita comisión rogatoria "a la Autoridad Nacional Palestina". ¿A dónde exactamente? ¿A Cisjordania, sin control alguno sobre Gaza y cuyos dirigentes acusan a Hamás? ¿O a Hamás en Gaza, calificado por la comunidad internacional como grupo terrorista, y que, por cierto, se declara en guerra de exterminio contra Israel? Porque el esperpento es tal que un tribunal de un país democrático se dirige a un grupo que se reconoce genocida frente a sus futuras víctimas. Si algún día el frente Hamás-Irán-Hezbolá aniquila a los judíos, este caso se convertirá en algo macabro.

La Audiencia Nacional fue creada como tribunal especial para la lucha contra el terrorismo contraviniendo, por cierto, el principio de que en una democracia no debe haber tribunales especiales. La fortaleza de ETA, GRAPO o las mafias del narcotráfico justificaba que algunos jueces se dedicaran exclusivamente a ello. ¿Significa la iniciativa del juez Andreu que ya no es necesario? Si los jueces de la Audiencia Nacional tienen tiempo para estas cosas, en vez de para aquello por lo que se les paga, se extraen dos consecuencias. O que sobra la Audiencia o que sobran varios de sus jueces. Y aquí entra el caso de la cualificación de Andreu, a la vista de varios graves errores sintácticos de su auto.

Con su iniciativa, el juez Andreu politiza e ideologiza aún más la Audiencia. El Gobierno se ha apresurado a decir que "respeta" la justicia, celebrando por lo bajini la iniciativa de Andreu. Y es que, en efecto, el juez hace el trabajo sucio del Gobierno. Si España cree que Israel ha cometido crímenes contra la humanidad, tiene varias opciones, desde romper relaciones o retirar al embajador, hasta declarar la guerra. Al Gobierno le corresponde. Pero que sea un juez, no elegido por nadie y cuya labor es otra, el que comande las relaciones exteriores de España es impropio de una democracia mínimamente seria. Es a sus ciudadanos a los que corresponde decidir su relación con otros países, y no a Garzón o Andreu.

Acciones así prostituyen las dos instituciones, la del poder ejecutivo y la del judicial. Porque el golpe dado a la legitimidad institucional de la Audiencia, ya de por sí tocada por las andanzas de Garzón, es fortísimo. Si sus jueces se dedican ahora a otra cosa, es que su existencia ya no tiene sentido.

Con su auto, Andreu pervierte los delitos más monstruosos posibles, los de crímenes contra la humanidad, así como la naturaleza del conflicto entre el genocida Hamás y el democrático Israel. Pervierte la naturaleza de la Audiencia Nacional, desprestigiándola. Y pervierte, eso sí, a favor del Gobierno, la naturaleza normal de las relaciones entre países. Si lo que buscaba es notoriedad, lo ha conseguido. Veamos a que precio.

© GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

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