Qué ironía. Aún hoy en España la izquierda y parte de la derecha claman indignados por la Patriot Act norteamericana y su "vulneración" de los derechos cívicos en los Estados Unidos. Hay que recordar, sobre todo escribiendo desde España, que la Patriot Act es, en primer lugar, una iniciativa legal. La ley fue aprobada, siguiendo exquisitamente los requerimientos legales y jurídicos, por la Cámara de Representantes y el Senado por una abrumadora mayoría: 357 a 66 en la primera y 98 a 1 en el segundo. Es decir: si se interceptan comunicaciones es porque las instituciones así lo debatieron, votaron y aprobaron.
En segundo lugar, está pensada como medida excepcional para anticiparse a mega-atentados terroristas como los del 11-S. La izquierda se inventa conspiraciones, pero lo cierto es que nadie había pensado antes en instaurarla, fue una iniciativa de los servicios de inteligencia y de seguridad, y está pensada como algo temporal y limitado. De ahí que esté sujeta a revisión por parte del Senado (por ejemplo en 2005), según evaluación de la amenaza terrorista. Es una ley, pese a las pegas, legítima.
En tercer lugar, es eficaz. Aunque se han dado casos de errores en su aplicación, no se conocen casos de uso fraudulento: se usa contra grupos terroristas y aledaños, sin incidencia para el resto de la población americana. Gracias a escuchas y seguimientos, se ha seguido la pista a grupos terroristas y sus mecanismos de financiación y blanqueo de dinero. Es una ley tan eficaz que ni siquiera Obama se ha atrevido a ir contra ella, porque es percibida por los norteamericanos como un mal menor pero necesario.
Para resumir: la Patriot Act es un instrumento legal, legítimo y eficaz para la lucha contra el terrorismo. Lo es tanto en lo relativo a las detenciones y las restricciones migratorias como a las escuchas a sospechosos de terrorismo. En Europa nos escandalizamos y nos felicitamos porque no se rastreen correos electrónicos o conversaciones telefónicas. Pero el "caso Sitel" ha vuelto a poner de manifiesto que las cosas aquí no son como parecen. Ocurre más bien al contrario: en España se espía y se interceptan comunicaciones de manera ilegal, ilegítima y con un objetivo distinto a la lucha contra el terrorismo. Y se hace desde hace tiempo, antes de Sitel.
Pero a diferencia de la Patriot Act, las escuchas y seguimientos en España no están, primero, discutidos en el Parlamento. Ni están aprobados ni presentadas a la opinión pública, ni sujetos a control. Están siempre asociadas a Gobiernos del PSOE, generalmente en apuros: ocurrió en los años noventa, y vuelve a ocurrir ahora. Rubalcaba arroja oscuridad sobre el tema, no proporciona información ni a la oposición –que denuncia escuchas ilegales– ni a la opinión pública sobre Sitel. En España existe una tradición de escuchas no sometidas al control democrático; tampoco al judicial. Se sabe que alguien nos escucha, pero no se sabe ni quién, ni por qué ni para qué. Con la Patriot Act jamás ocurriría algo así.
A diferencia de Estados Unidos, en España las escuchas no están motivadas por ningún acontecimiento puntual o temporal; la tradición de las escuchas está desgraciadamente asentada en nuestro país desde hace tiempo, y hoy es práctica habitual. A veces, cuando lo son con autorización judicial, se filtran a los medios de comunicación, que destrozan cívicamente a los escuchados. No se usan para detener terroristas, sino para chantajear a la sociedad civil. En cuanto a Sitel, su carácter indiscriminado hace que cualquier español sea susceptible de escucha por parte del Gobierno. Es un arma de interceptación masiva: con la Patriot Act jamás ha ocurrido algo semejante a esto.
Rubalcaba se excusa en la lucha contra el terrorismo. Manipula. Las escuchas en España han estado tradicionalmente destinadas a empresarios, políticos y periodistas. Es más difícil que las Fuerzas de Seguridad del Estado obtengan amparo judicial para interceptar las comunicaciones de ETA en Vitoria que que un político o periodista sea grabado hablando de su amante o sus negocios en Madrid. La Patriot Act blinda judicialmente a los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad americanas en su persecución de terroristas: aquí, las escuchas a periodistas, políticos o empresarios ni siquiera tienen esa necesidad, porque se realizan impunemente.
En definitiva: por nuestra parte preferimos estar sometidos a los supuestamente maltratados derechos de la Patriot Act de Bush que a la muy garantista, democrática y cívica España de los socialistas y la Rubalcaba Act.