Hace ya tiempo que la Audiencia Nacional se salió de los límites razonables para lo que fue creada, y sus jueces estrella deambulan libremente ocupados y preocupados por cosas para las que no fue pensado su tribunal. En primer lugar, la Audiencia Nacional se creó en 1977 para que se juzgase con garantías y seguridad delitos de terrorismo que, por su naturaleza, no podían ser juzgados allí donde correspondía, el País Vasco. En los años setenta y ochenta, se buscó sacar de los asediados juzgados vascos los delitos relacionados con ETA para buscar más garantías y seguridades jurídicas, y por eso se creó en Madrid la Audiencia Nacional. Pero legalmente su existencia está cogida por los pelos, y eso siendo benévolos: al fin y al cabo es un juzgado especial, que contradice varios artículos de la Constitución. Pero si durante treinta años se ha aceptado a regañadientes como instrumento necesario para combatir a ETA –y a fe que lo ha sido–, de lo que no cabe ninguna duda es de que es pervertir su sentido utilizarla para rebuscar en las cunetas de la Guerra Civil o perseguir a militares israelíes o tanquistas norteamericanos. Los jueces Pedraz, Garzón o Andreu utilizan recursos materiales y humanos de la Audiencia para unos fines que son ajenos a los objetivos por los que ésta fue creada y entre los cuales no está vengar la muerte de un reportero de guerra, en territorio en guerra, en tiempo de guerra.
En segundo lugar, se diga lo que se diga, la Audiencia Nacional no está legitimada para perseguir estos supuestos delitos, por mucha sentencia del Tribunal Constitucional o respaldo del Congreso que se esgrima. Al fin y al cabo, lo que hace España a través de tan anómalo tribunal es imponer unilateralmente su propio concepto de justicia universal –que básicamente consiste en perseguir a quienes persiguen a los terroristas, dicho sea de paso, pero nunca a los terroristas o dictadores a los que aquéllos persiguen. Han sido las instituciones españolas las que han decidido por sí mismas que pueden perseguir a otras instituciones de otros países, al margen de todas las reglas diplomáticas y políticas entre naciones. El US Army representa a los Estados Unidos: debe ser Zapatero el que exija a Obama las correspondientes medidas, no un tribunal sin legitimidad internacional alguna. Lo cual, por cierto, redunda en lo anterior, porque un tribunal jurídicamente discutible ha acabado saltando del limbo nacional al internacional, de modo que un grupito de jueces puede en Madrid actuar en nombre de una comunidad internacional que ni los ha elegido ni ha oído jamás hablar de ellos.
En tercer lugar, nuestras tropas están involucradas en escenarios bélicos que se caracterizan precisamente por su suciedad y por haber de por medio muchas víctimas inocentes. En Afganistán, nuestras tropas se han visto involucradas en varios incidentes ocultados por Chacón, según se desprende de la filtración de Wikileaks, con el resultado de la muerte de civiles inocentes por disparo de soldados españoles. Soldados españoles que a diferencia de los americanos sí están al alcance de Pedraz: ¿No se denuncia y se investiga esto por ser soldados españoles y no norteamericanos? Bonita "Justicia Universal" la que emana de la Audiencia Nacional. ¿O la muerte de un periodista español resulta más execrable que la de un agricultor afgano? ¿Vale más para la Audiencia Nacional un Couso que un Mohamed? ¿O la Justicia Universal depende de la presión de las televisiones? Las respuestas a todo esto son a cada cual más sonrojantes.
Y más allá de esto no es ya un problema de coherencia, sino de sentido común: si la Audiencia Nacional persigue a norteamericanos e israelíes involucrados en muerte de civiles, nada impedirá que otros países u organizaciones hagan lo mismo con nuestros soldados o políticos: ¿puede ser denunciada Carmen Chacón en EEUU o Israel por crímenes contra la humanidad si nuestras tropas matan –como han hecho– a civiles por error? ¿Pueden los tribunales de otros países dictar orden de captura contra un sargento Díaz, un capitán Pérez o un teniente coronel González tal y como Pedraz lo hace con el sargento Gibson, el capitán Wolford y el teniente coronel Camp? No nos quejemos si algún día lo hacen, porque así como activistas de izquierda en España pueden hacerlo, otros activistas en otros países pueden devolvernos la pelota.
Bajo todo esto subyace un problema. Si Pedraz, Garzón o Andreu tienen tiempo suficiente para perseguir supuestos delitos cometidos por ciudadanos de otros países en diferentes guerras, entonces es que hay un desequilibrio entre los delitos por terrorismo –o narcotráfico– que entran en la Audiencia Nacional y el número de juzgados y de jueces trabajando en ella. Si Pedraz puede estar más preocupado por Bagdad que por Rentería, entonces es que no está realizando su trabajo. Si es así, y si ya no hay suficientes causas por delitos de terrorismo para tantos jueces, sólo caben dos opciones: reducir el número de juzgados o ir pensando en cerrar la Audiencia Nacional, que es la única forma de no tener a determinados jueces provocando conflictos diplomáticos por el mundo.