Tras un verano muy movido por la crisis de Melilla y por la menos visible pero también inquietante tensión con Argelia en torno a aspectos económicos adversos para nuestros intereses en lo que al gas natural que recibimos respecta, el otoño no puede presentarse peor para nuestra diplomacia en el tradicionalmente privilegiado marco del Mediterráneo. Por un lado está el segundo retraso de la Cumbre de la Unión para el Mediterráneo (UpM), a celebrarse en Barcelona, que se había retrasado desde el 7 de junio para fijarla el 21 de noviembre, no se va a celebrar tampoco ahora. Por otro, el deterioro de la situación en el Sahara Occidental, con las consecuencias directas en nuestras relaciones bilaterales con Marruecos. Ambas centran, y en negativo, nuestra política exterior actual en la zona.
La cuestión del gas argelino se ha desactivado pero sólo de momento, por lo que no hay que echar ni mucho menos las campanas al vuelo. En agosto la compañía energética estatal argelina Sonatrach había obtenido un laudo arbitral favorable del Tribunal Arbitral de París que le asegura una subida del 20% de los precios del gas suministrado a Gas Natural FENOSA entre 2007 y 2009. Esta era ya una muy mala noticia para los consumidores españoles, pues los 1.500 millones de euros que habrá que pagar por atrasos a Sonatrach saldrán de nuestros bolsillos. La compañía argelina había iniciado en 2005 negociaciones para revisar al alza el precio del gas suministrado a España ante el importante aumento del precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Tal laudo generó no sólo frenéticas gestiones estivales del Gobierno español sino un recurso de la compañía española ante el Tribunal Federal de Suiza. Como éste acaba de admitir a trámite el mismo –ahora en noviembre–, se suspende la aplicación del laudo del Tribunal de París y permite ganar tiempo antes de tener que pagar la deuda contraída con Sonatrach. Ahora toca negociar con ésta las condiciones de dicho pago pues, al final y como vemos, el problema no se ha solucionado: sólo se ha aplazado, y este es un motivo más que contribuye a enrarecer unas relaciones hispano-argelinas más que tocadas por la forma en que el Gobierno español gestiona el dossier del Sahara Occidental.
La Cumbre de la UpM estaba en principio prevista en los días 6 y 7 de junio de este año, en Barcelona, bajo la fracasada presidencia española de la UE. No se celebró, principalmente por la actitud agresiva de algunos países árabes con Israel, aunque tampoco está de más recordar que socios como Argelia, Siria o incluso Marruecos ven con escaso interés este marco sucesor del Proceso de Barcelona. Aplazado hasta el 21 de noviembre, ahora tampoco se celebrará pues la situación en Oriente Próximo lejos de encarrilarse se deteriora por momentos.
Finalmente, el agravamiento del conflicto del Sahara Occidental, con sangrientos enfrentamientos en El Aaiún al desmontar las fuerzas de seguridad marroquíes el escenario de protestas de Gdeim Izizk, agrava las relaciones en el Magreb y distancia aún más a los directamente implicados en el conflicto, Marruecos y el Frente Polisario. A pesar de todo se reunieron en Manhasset, cerca de Nueva York, para constatar lo distanciadas que están sus posiciones. Y sobre todo el ataque marroquí ha generado no pocos problemas internos a un paralizado Gobierno español. No les vamos a contar como éste trata de justificar su actitud ante la opinión pública española y ante amplios sectores de su propio partido, sin mucho éxito. En paralelo sigue esforzándose por salvar unas relaciones bilaterales con Rabat en las que lo evidente es que España es la única de las dos partes que hace enormes esfuerzos, además de concesiones, para mantener el supuesto "buen clima" de las mismas.
Entre unas cosas y otras, el mediterráneo se oscurece, y mucho, para Zapatero, y eso que prometió para la zona atención especial.