El Secretario General de la Agencia Internacional para la Energía Atómica cumplió con su obligación y remitió al Consejo de Seguridad el informe que le había solicitado, sobre la situación en la que se encuentra el programa nuclear iraní. El documento en cuestión dice lo que cabía esperar, que Irán no cumple sus obligaciones con la Agencia, que el régimen de inspecciones aceptado es insuficiente, que el programa sigue adelante y que la Agencia no está en condiciones de garantizar su estado real.
Cuatro de los cinco estados miembros de pleno derecho del Consejo –Rusia, China, Reino Unido y Francia- están dispuestos a aceptar que Irán acceda al arma nuclear. Por distintas razones, que hemos tratado en anteriores ocasiones, asumen la crisis del régimen de no-proliferación, con todo lo que ello implica. Estados Unidos se debate entre la intervención o la aceptación.
Si el Consejo no va a hacer nada relevante para impedir la nuclearización de Irán, ¿a qué perder el tiempo? ¿Por qué tenemos que asistir a esta ceremonia, tan frustrante como estéril? La respuesta es simplemente que la acción del Consejo se justifica por sí misma. El Consejo, de hecho, no está para resolver problemas concretos que afectan a la seguridad internacional, sino para proporcionar a los estados miembros, en particular a los cinco grandes, la oportunidad de representar su papel rector del concierto de las naciones. Tienen que recibir el problema, discutirlo, aprobar alguna resolución e, incluso, imponer alguna sanción. Todo para nada.
Cuando se estableció el régimen de no-proliferación era evidente que en el transcurso del tiempo nos encontraríamos con intentos de violación y que, al final, sería el Consejo de Seguridad, el directorio de las grandes potencias, quien tendría que asumir la responsabilidad de hacerlo prevalecer. Hoy sabemos que cuatro de ellos han desistido de cumplir su obligación y que, por lo tanto, serán corresponsables de las consecuencias.