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Un Bush para Cataluña

Hay que exportar la democracia a Cataluña y acabar con el régimen liberticida que asfixia las libertades en esta región española. Hace falta la claridad moral para ver que en Cataluña cada vez se vulneran más derechos, y que el proceso continúa.

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Ya con más perspectiva, es evidente que el fracaso en las consultas independistas de la semana pasada para los secesionistas catalanes fue escandaloso, vergonzoso, de los que escuecen: ninguno de ellos creía que eran tan pocos y tan mal acompañados, y cuando vía organizaciones interpuestas, organizaron su gran día, no imaginaban el batacazo. Los resultados conocidos no dejan lugar a dudas: sólo un 30% de los catalanes llamados a votar en la consulta acudieron a las urnas, e incluso más de uno votó "no". Y eso que estaban convocados estratégicamente en los municipios elegidos como escaparate por los independentistas: en Sant Cugat sólo votaron un 25% de los habitantes. El fracaso se une al del referéndum para la reforma del Estatuto que prepararon Zapatero y los nacionalistas, cuya participación no llegó al 50%, y encima dentro de los que fueron a votar, fueron menos los que lo apoyaron que los que lo hicieron en 1979.

Lo ocurrido muestra la existencia de un cierto marasmo ciudadano en Cataluña: la sociedad catalana no quiere la independencia ni el régimen despótico que les promete el pseudo-régimen, pero tampoco está dispuesta a ir a las urnas para frenarlo. Es cierto que una sociedad tiene los gobernantes que se merece, pero también lo es que cuando éstos le dicen a la sociedad catalana que voten algo muy importante para ella, ésta les da sistemáticamente la espalda de manera insultante. Que no vean el peligro, que les dé igual o que sean unos irresponsables es una cosa distinta a que los catalanes estén de acuerdo con el proyecto de PSC, CIU y ERC de crear una "Albania Ibérica".

Así que la primera lección a tener en cuenta es que los catalanes no son distintos al resto de españoles, pese a los delirios totalitarios nacionalistas y socialistas; la diferencia es que llevan treinta años sometidos a una presión totalitaria por parte del establishment político-mediático-cultural que es lo que marca la diferencia. En 1979, mientras Tarradellas prometía ciudadanía, el nacionalismo más atroz dirigido por Pujol ocupó el mundo de la cultura catalana, lo inundó de millones de pesetas y lo utilizó como vanguardia del golpe institucional que hoy vivimos. En Libertad Digital, Losada, Nolla o García Domínguez han mostrado bien como funciona este régimen, cuyo corazón es, ni más ni menos, el entramado económico del que se alimentan medios de comunicación, fundaciones o instituciones nacionalistas.

Salvando las distancias, entre los catalanes y el nacionalismo despótico que los gobierna desde la Generalidad, ocurre como entre los musulmanes y el islamismo: unos pocos fanáticos, bien organizados y preparados, arrastran a la mayoría por un camino que ésta no hubiese elegido necesariamente, erosionando sus libertades y enfrentándolos a sus vecinos. En Cataluña, como en cualquier lugar que se desliza hacia el despotismo, hay un punto a partir del cual no hay marcha atrás: pero aunque sea de manera indirecta y pasiva, los catalanes han mostrado que aún no se ha llegado a él, y que la independencia no les parece la meta sublime hacia la que le llevan sus gobernantes. Las espadas siguen en alto.

Aún hay partido que jugar en la sociedad catalana, siempre y cuando las fuerzas políticas y sociales españolas se pongan manos a la obra en exportar la democracia a este rincón nacional tan vapuleado. No hay misterio en la dominación independentista. Los nacionalistas eran en 1979 inexistentes, y han usado dos instrumentos para hacerse con el poder. Primero, el uso de la fuerza, sobre todo desde la Generalidad. Contra ellos hay que oponer, primero, la fuerza del Estado de Derecho, que es el que aprobaron los catalanes con mayor porcentaje que el estatuto independentista. La legitimidad para aplicar la ley en Cataluña contra los secesionistas la dieron los propios catalanes en 1979, y su pasividad hacia su clase política actual demuestra que un "no" del Tribunal Constitucional no traería ninguna consecuencia importante para la sociedad catalana. No hay que tener miedo a sus usurpadores. Por otra parte, en los últimos treinta años han movilizado enormes recursos económicos para encorsetar a sus ciudadanos en un cinturón de hierro cultural-mediático. Así que hace falta un empuje económico, una solidaridad y una generosidad material importante para que los disidentes catalanes que aún se enfrentan al sistema sean capaces de reforzarse y atraer a la sociedad catalana hacia el régimen democrático y constitucional español.

En definitiva, hay que exportar la democracia a Cataluña y acabar con el régimen liberticida que cada vez más asfixia las libertades en esta región española. Hace falta la claridad moral para ver que en Cataluña cada vez se vulneran más derechos, y que el proceso continúa. Y sobre todo hace falta el optimismo para sostener un pulso difícil y largo, en el que no escatimar esfuerzos, contra el secesionismo y a favor de la democracia. En el fondo, lo que hace falta es un Bush para Cataluña.

© GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

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