El ministro de Defensa, José Bono, ponía recientemente como máximo ejemplo del asilvestramiento del PP el hecho de que no votara su Ley de Defensa Nacional. Bono entiende muy bien que el PP no vote el Estatuto de Zapatero para Cataluña o las bodas gay, porque probablemente él tampoco lo haría de ser Diputado, pero que no vote su Ley le resulta del todo incomprensible.
Si el ministro de Defensa juzgara la situación con un poco más de objetividad vería que el PP no puede más que oponerse a una Ley que es contraria a su interés como partido, es contraria al interés de las Fuerzas Armadas y es contraria al interés Nacional. Una Ley, en definitiva, que se ha hecho para mayor gloria del Señor Bono y que ha pactado con los que dice discrepar permanentemente.
El ministro Bono se ha comportado con el PP como un auténtico canalla político. Ha exprimido el dolor residual del desgraciado accidente del Yak 42 hasta la extenuación. Ha navajeado por la espalda a su antecesor en el cargo con saña y una doblez indescriptibles. Ha explotado demagógicamente la retirada de Irak hasta el punto de condecorarse a si mismo. Si hay un ministro del actual Gobierno que más se haya empleado en destruir al PP ese ha sido el titular de Defensa. El único objetivo que tiene Bono con esta nueva Ley es consumar una nueva agresión al PP por su participación en Irak. El Ministro debería entender que pedir que el PP se condene a si mismo en contra de sus principios para su mayor gloria personal es pedirle demasiado.
Pero más allá del interés de Partido, la Ley de Defensa Nacional que Bono ha pactado con los independentistas catalanes supone un paso atrás para la necesaria modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Deja a un JEMAD desdibujado al que se le niega el control operativo de las fuerzas. Devuelve a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos un protagonismo que va en contra de la doctrina de lo conjunto hoy imperante en todo el mundo. Reniega, por imperativo del ministro de Interior, de una política que debe ser necesariamente de seguridad y defensa, para recluirse en conceptos estrictos de defensa militar ya trasnochados. Crea un Consejo de Defensa que va a ser tan inoperativo como lo ha sido la Junta de Defensa Nacional a la que sustituye, con la única diferencia de que relega al Rey a un segundo plano.
Es una Ley negativa para España porque restringe más que amplia las posibilidades de actuación de nuestros ejércitos más allá de nuestras fronteras. Somete así la presencia de tropas españolas al filtro de una aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU que ha demostrado su incapacidad en crisis tan graves como las de Kosovo, Irak o ahora Darfur. Requiere una autorización parlamentaria que retrasa la toma de decisiones, constriñe estratégicamente la capacidad de adaptación de las Fuerzas Armadas a la evolución del conflicto y elude la responsabilidad que constitucionalmente le corresponde al Gobierno. España tendrá más dificultades para ser un socio activo y relevante de la comunidad internacional con esta Ley.
