Hasta finales de los años setenta, la izquierda nacionalista radical vasca era una jaula de grillos, de la que ETA sólo era su grupo más brutal y salvaje. Lo que no impidió que se desangrara en disputas y rupturas internas. Con la llegada de la democracia, ETA militar se cuidó de bien de que lo anterior no volviese a ocurrir. A tal fin organizo KAS a su imagen y semejanza, con Herri Batasuna encargada de representarla en las instituciones y acabar con la disidencia en el mundo radical vasco.
Desde entonces, todas las organizaciones de KAS están dirigidas por ETA, a través de la doble militancia de los suyos en una y otra organización. Durante años, Egin, Gestoras pro Amnistía, LAB, Egizan, Herri Batasuna, Eguzki o AEK han sido –algunos aún lo son– instrumentos de la banda terrorista para amedrentar, atentar y asesinar en el País Vasco. Han recabado información sobre objetivos, han transmitido órdenes y consignas, han coordinado y preparado actos de terrorismo callejero, han blanqueado dinero o han realizado propaganda del terror en España y en el extranjero.
ANV formó parte de este conglomerado, aunque no estuviese en primera línea. Siempre presente en KAS, el partido servía como vínculo entre ETA y el nacionalismo clásico de los años treinta, casi como algo testimonial. Hasta que hizo falta meterla en el microondas y usarla para sustituir a los herederos institucionales de HB, EH, Batasuna y el resto de siglas en las elecciones de 2007. La maniobra era en su momento evidente y lógica dada la situación de ETA. Cualquiera lo podía esperar y, con la legislación vigente, se podría haber evitado sin problemas.
Pero no fue así por la actuación del Gobierno, que con la sentencia del Tribunal Supremo queda ahora marcado por la sospecha más tenebrosa. La sombra que recae ahora sobre él a propósito de ANV hace referencia a dos aspectos: primero por las circunstancias de la elección de ANV como marca de ETA, y segundo, por su actuación en el propio proceso de ilegalización.
Respecto al primero, cuando ETA eligió ANV como marca blanca para las elecciones, sabía bien lo que hacía: las siglas estaban lo suficientemente poco quemadas como para que el Gobierno en pleno pudiese salir en su defensa. En aquel momento, todo olía mal respecto al diálogo que se mantenía con ETA. Y fue ésta la que desvelo lo qué ocurría con ANV. Lo hizo dos veces. La primera fue a través de Gara en junio de 2007, donde afirmaba que el Gobierno le sugirió usar otras siglas (PCTV, ANV) para presentarse a las elecciones. En segundo lugar, en el Zutabe 122, ETA desvela que fue el PSOE el que le sugirió que eligiera ANV como partido-pantalla. En cualquier caso, ETA ya había pensado hacerlo desde tiempo atrás.
La no ilegalización de la mitad de las listas proetarras permitió al Gobierno legalizar de cara a la opinión pública, curándose –mal que bien– en salud; y no ilegalizar de cara a ETA, con la que seguía trapicheando. ¿Acordaron ETA y el PSOE presentar a ANV a las elecciones? Entonces el Gobierno negó el escándalo, no dando credibilidad a lo desvelado por ETA, y alegando que no estaba tan claro que ANV perteneciera a ETA. Ahora el Tribunal Supremo sentencia que las pruebas eran irrefutables. Es cierto que hoy el escándalo y la exigencia de dimisión afectan al Fiscal General del Estado, pero los hechos son inauditos: un presidente del Gobierno (Zapatero) y dos ministros (Rubalcaba y Bermejo) se dedicaron a defender las siglas que ETA presentaba a unas elecciones. Durante semanas, se alinearon con los miembros de Batasuna para defender la legalidad de ANV. Dedicaron su esfuerzo a atacar al PP y a las víctimas de ETA y a defender el carácter legal y democrático de ANV mientras negociaban con ETA.
Así llegamos a la segunda parte del escándalo: el proceso de ilegalización. Las listas de ANV estaban repletas de miembros de ETA-Batasuna. Lo denunciaron concejales constitucionalistas, medios de comunicación y fuerzas de seguridad. Libertad Digital lo demostró con creces. Un simple vistazo a las listas de ANV mostraba que estaban a rebosar de ex procesados por pertenencia a ETA, miembros de Gestoras, ex concejales de EH y HB, detenidos por actos de kale borroka. Los informes que llegaban de las fuerzas de seguridad eran inequívocos: la Guardia Civil advirtió a Conde-Pumpido de que ANV era ETA. Pese a todo, el Fiscal General siguió repitiendo que no había pruebas en su contra: ¿qué mas pruebas necesitaba que el hecho de que los miembros de ANV provenían todos de las distintas ramas de KAS, que Batasuna pidió su voto, que ETA animara a votarles? Pese a todo, hizo caso omiso de las pruebas. Aún suponiendo buena fe en su actuación, la exigencia de dimisión es clamorosa: su actuación es indigna de un Fiscal General del Estado.
Y más allá de ello, el "caso ANV" pone de nuevo la atención en el hecho de que en la negociación de ZP con ETA se mezclan acuerdos políticos con episodios oscuros y siniestros. Es el caso de las conversaciones que se mantuvieron sobre las sigas PCTV y ANV, o el caso del chivatazo del bar Faisán. Episodios que, de confirmarse, podrían dar lugar a responsabilidades no sólo políticas, sino penales.