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Zapatero ilegal

Por primera vez en la historia democrática española no será el presidente del Gobierno en persona, sino su fiel lacayo, José Antonio Alonso, actual ministro de Defensa, quien solicitará al Congreso la debida autorización para el envío de nuestras tropas.

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Rodríguez Zapatero no se ha caracterizado precisamente por ser un fiel cumplidor de sus palabras. Ni cuando ejercía en la oposición ni desde que está incrustado en la Moncloa. Ahora, después de caminar rozando la ilegalidad al querer reunirse con los representantes de una organización terrorista ilegal en su propia residencia, quiebra directamente la ley que él mismo se encargó de impulsar, la criticada Ley de Defensa Nacional.

La ley Orgánica de la Defensa Nacional, aprobada parlamentariamente sin el consenso con el PP y en vigor tan solo desde el 17 de noviembre del año pasado, establece en su artículo 17 de manera clara y tajante que:

1. Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados.

2. En las misiones en el exterior que, de acuerdo con compromisos internacionales, requieran una respuesta rápida o inmediata a determinadas situaciones, los trámites de consulta previa y autorización se realizarán mediante procedimientos de urgencia que permitan cumplir con dichos compromisos.

3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando por razones de máxima urgencia no fuera posible realizar la consulta previa, el Gobierno someterá al Congreso de los Diputados lo antes posible la decisión que haya adoptado para la ratificación, en su caso.

Pues bien, para empezar y por primera vez en la historia democrática española, no será el presidente del Gobierno en persona, sino su fiel lacayo, José Antonio Alonso, actual ministro de Defensa, quien solicitará al Congreso la debida autorización para el envío al extranjero de nuestras tropas. Rodríguez Zapatero hubiera preferido que ese trámite tuviera lugar en el estrecho y cerrado marco de la Comisión de Defensa, lo que ya muestra por sí el valor que le otorga al Parlamento. Han sido las deudas contraídas con sus socios las que se lo han impedido, y no su compromiso de transparencia con el pueblo español.

En segundo lugar, el envío de un destacamento de aposentamiento al Líbano antes de contar con la aprobación del Congreso atenta ya no contra las formas sino contra el texto de la Ley. El deseo de dicho despliegue lo hizo público el presidente antes de que se hubiera aprobado la resolución 1701 y no hay nada sobre el terreno que exija el envío urgente de nuestras tropas. Aunque no se define explícitamente en la Ley, parece obvio que, tras semanas de dimes y diretes, no es de "máxima urgencia" la presencia española en la zona, que podría esperar perfectamente una semana hasta haberse cumplido con los mecanismos establecidos por la Ley de Zapatero.

Rodríguez Zapatero puede estar satisfecho con todo eso que se filtra desde Moncloa y Defensa y que asegura que España contará con el mando de una brigada, de acuerdo a su peso y representación. Al menos así intenta contentar a los descontentos mandos militares que nunca han visto esta operación con buenos ojos y que siempre han estado obsesionados con mandar algo en las misiones en el extranjero, desde que el PSOE les negara esa posibilidad en la OTAN a tenor de su mal llamado modelo español de integración. Pero no nos engañemos, quienes de verdad ostentan el mando de la operación no ponen tanto, en términos relativos, como lo hace la España de Zapatero. No olvidemos que nuestras fuerzas armadas son una fracción de los ejércitos italianos y francés, que nuestro gasto en defensa es mucho más bajo que el suyo y que nuestra población nacional también lo es. En suma, a nosotros nos costará más que a ellos y supondrá mayor esfuerzo personal y nacional. ¿Y todo para qué?

Eso es lo que debería aclarar el valiente Zapatero, que en lugar de lidiar con la soberanía española en sede parlamentaria, prefiere acomodarse en sus sofás recién tapizados e invitar a un refresco a su amado Kofi Annan. Sí, el mismo Annan que, cuando las matanzas de los Grandes Lagos, dijo que el contingente de los cascos azules no debía intervenir porque eso no estaba en sus reglas de actuación ni en su mandato. El mismo que, para más inri, está escribiendo las reglas de actuación del contingente que logre juntar en el Líbano. Pero de todo eso, ni una palabra al pueblo español.

© GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

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