Decidido a reducir sus cifras de popularidad a un único dígito cueste lo que cueste, el Congreso suspendió las sesiones tras aprobar un proyecto de ley de gastos diversos trufado de al menos 8.993 asignaciones concretas a un coste de al menos 7.400 millones de dólares, aunque ambas cifras no serán del todo precisas hasta que las consecuencias reales de algunas provisiones oscuras sean descifradas. Esta lluvia torrencial de asignaciones de gasto fue un triunfo del consenso bipartidista, que con frecuencia es sinónimo de cleptocracia.
Este fue el primer año desde 1994 en que los demócratas controlan ambas cámaras. Considere la reconocidamente pobre trayectoria del Congreso:
Elevó el salario mínimo por hora de 5,15 dólares a 5,85 –una cifra que sigue estando por debajo del salario base de McDonald's, que son 7 dólares– incrementando así los sueldos de menos del 0,5% de la población activa. En un desaire a George W. Bush, que defiende dejar de otorgar subsidios agrícolas a quienes tengan unos ingresos ajustados a la inflación de más de 200.000 dólares, el Senado rechazó también gracias al consenso bipartidista un límite de 750.000. Esto a pesar de que los ingresos de los agricultores se han disparado hasta niveles nunca vistos, en parte porque el Congreso coincide con el presidente en su atolondrado entusiasmo por el etanol y quiere que se convierta en combustible todo el maíz que se pueda.
Pero por más que el Congreso tiemble por el futuro del planeta, no estuvo dispuesto a eliminar el arancel de 54 centavos al galón de etanol brasileño. Pero nuestro gran sabio Congreso continúa diseñando automóviles haciéndolos menos seguros (más pequeños) y más caros. Lo hizo al promulgar nuevos estándares de eficiencia del consumo de combustible –un promedio de 35 millas por galón en el parque automovilístico antes de 2020– no sea que a la industria automovilística le dé por diseñar los coches que quiere la gente. También ordenó que antes de doce años se abandonaran las bombillas incandescentes.
Bruce Raynor, presidente del sindicato Unite Here, manifestaba el compasivo progresismo del sindicalismo organizado cuando pedía que se le ahorrara a los trabajadores el suplicio de la democracia: "No hay motivo para someter a los trabajadores a unas elecciones". La Cámara convino, votando a favor de organizar las elecciones sindicales mediante un sistema de votación con firma que priva a los trabajadores de su derecho al voto secreto cuando votan a favor o en contra de la sindicalización de su empresa. Los sindicatos, cada vez más incapaces de argumentar que suman más valor a las vidas de los trabajadores del que restan, anhelan un sistema de identificación con el voto. Bajo el mismo, una vez que la mayoría de los trabajadores, presionados uno a uno por los sindicalistas, apruebe con su firma el proceso, el sindicato será automáticamente certificado como el agente negociador de todos los trabajadores. En el Senado, los republicanos del Senado bloquearon este proyecto de ley, pero los demócratas votaron para mutilar la agencia del Departamento de Trabajo que exige a los jefes del sindicato justificar cómo gastan el dinero de sus miembros.
Para mejorar la salud de los americanos, el Congreso espera que empiecen a fumar 22 millones de personas más antes del 2017, las suficientes como para pagar el incremento a los impuestos al tabaco que supuestamente financiarían la expansión del SCHIP (Programa de Protección Sanitaria Infantil Estatal). El programa, destinado supuestamente a los niños de familias con pocos recursos, se habría expandido para cubrir a muchos niños –y adultos– procedentes de hogares con ingresos muy por encima de la media de la nación. El presidente vetó la expansión.
Habiendo jurado poner fin a la guerra de Irak, los progres de la Cámara acabaron el año con un estudiado numerito de evasión moral. La Cámara aprobó una ley que concedía dinero a la guerra en Afganistán, pero no a la de Irak. El Senado añadió el dinero para Irak. Los demócratas de la Cámara votaron a continuación 141 a 78 en contra de la aprobación final, pero republicanos y demócratas moderados la sacaron adelante y los progres pudieron volver a casa a presumir de haber votado en contra de la financiación de la guerra.
En enero, con mucho autobombo, los demócratas de la Cámara abrazaban el pay-go, la norma que obliga a compensar cualquier recorte fiscal con incrementos en otros impuestos o recortes en el gasto público. En diciembre, los demócratas renunciaron a esa regla a causa del impuesto mínimo alternativo. El AMT se introdujo en 1969 como gesto de indignación dirigido a los menos de doscientos ricos que legalmente lograban no tener que hacer la declaración de la renta. Pero los legisladores no lo ajustaron nunca a la inflación, así que este año habría supuesto un mordisco de 50.000 millones de dólares a pagar por 23 millones de contribuyentes. La Cámara votó por derogarlo y sufragar esa derogación con un incremento fiscal de 50.000 millones de dólares.
Los republicanos del Senado argumentaron que ningún Congreso concibió nunca el impuesto mínimo obligatorio para recaudar sumas tan grandes de dinero procedentes de una cifra tan grande de americanos. Por tanto, aplicar la regla del pay-go desviaría 50.000 millones de dólares para compensar otros tantos en dinero "ficticio". El Senado votó 85 a 5 a favor de no recaudar el impuesto mínimo este año, la Cámara accedió y el pay-go desapareció por la puerta de atrás.
El representante republicano John Campbell ha advertido que este año la Cámara celebró más votaciones (1.186) que nunca, pero sólo 146 propuestas se convirtieron en ley, y la mayor parte de las mismas se limitaron a poner nombre a monumentos u otros inmuebles o sirvieron para mantener en vigor leyes existentes. El Congreso, especialmente la mayoría demócrata, debería ser felicitado por ello, porque un descenso en el volumen legislativo significa en general un incremento de calidad de vida.
