En 1966, los huevos se encarecieron hasta un nivel que el presidente Lyndon Jonhson consideró (no se sabe muy bien basándose en qué) "demasiado alto". Había dos culpables (la oferta y la demanda) y su ministro de Agricultura ya le advirtió de que no podía hacer gran cosa. Sin embargo, Jonhson intentó reducir la demanda de lo huevos, denunciando a través de Sanidad los riesgos que tenían sobre el colesterol.
Jonhson fue el último presidente que había tenido alguna conexión directa con Franklin Delano Roosevelt, quien lo eligió en 1935 para ser director de la Agencia Nacional de Empleo Juvenil durante el New Deal. Dos años más tarde, llegó al Congreso, subiendo un peldaño más de una carrera que le llevaría a convertirse en el zar de los huevos. Hoy, cuando Washington parece querer revivir a Roosevelt, el espíritu de Johnson también resucita.
En una entrevista en Business Week, el representante Barney Frank, presidente del Comité de Servicio Financieros, respondía a la siguiente pregunta: "¿Cómo podemos estar seguros de que el Gobierno no se inmiscuye demasiado en la economía e impone su agenda política, como la obligatoriedad de los coches ecológicos?". Frank replicó: "Oh, la imposición de coches ecológicos no creemos que sea un asunto político". Parece que cuando el Gobierno obliga a una industria a seguir los objetivos del partido que controla las instituciones no estamos ante una cuestión "política".
Business Week seguía: "¿Debería General Motors comprar Chrysler?", a lo que Frank se limitaba a señalar: "No soy nadie para decirlo". Vaya humildad más selectiva; no sabe si General Motors debe adquirir otra compañía, pero sí qué automóviles debe fabricar.
La publicación continuaba con sus cuestiones: "¿Es consciente el Congreso de que, pese a obligar a las compañías a producir coches híbridos, se han vendido muy pocos automóviles de este tipo? ¿Acaso dará el Congreso mayores incentivos a los consumidores para que los adquieran?". Y Frank seguía con su discurso: "Es cierto. Los que culpan a las compañías automovilísticas de sus problemas, se olvidan de que hay un culpable de fondo: los consumidores. A nadie le obligaron a comprarse un Hummer y creemos que hoy, la preocupación por el cambio climático y el consumo eficiente implica que la gente ya está preparada para comprar híbridos". Qué decepcionantes son los consumidores para el Congreso; aunque lo cierto es que los políticos no creen que ya estén dispuestos a comprar híbridos al precio real que cuesta fabricarlos. ¿Por qué si no han aprobado rebajar fiscales para los consumidores?
Hace 40 años, Vietnam fue un desastre y el programa social de la Gran Sociedad una decepción. Pese a ello, hoy ha regresado la confianza johnsoniana en la capacidad del Gobierno para solucionar nuestros problemas. Un regreso que comenzó, aunque muchos no quieran verlo, con George W. Bush.
En 1996, los republicanos decían: "El Gobierno federal no tiene ninguna autoridad constitucional para implicarse en los planes de estudio, motivo por el cual vamos a abolir el Ministerio de Educación y vamos a poner fin a su intromisión en los centros escolares". Hace un año, el Ministerio de Educación de Bush anunciaba: "La secretaria de Educación, Margaret Spellings, oficia hoy una ceremonia en memoria el presidente Lyndon Baines Johnson con la finalidad de rebautizar la sede del Ministerio de Educación como Sede Lyndon Baines Johnson del Ministerio de Educación".
El mayor "logro" en materia educativa por el que será recordado Bush (la ley de 2001, No Children Left Behind) era sólo la enésima reintroducción de la Ley de Educación Elemental y Secundaria de 1965, aprobada por Johnson para controlar el sistema educativo. La ley de Bush obliga alos estados a definir lo que entienden por "capacidad" lectora y matemática y a alcanzar sus objetivos antes de 2014.
Frederick M. Hess, director de estudios de políticas educativas del American Enterprise Institute, considera que a menos que los estándares de "capacidad" sean ridículamente bajos, la meta es inalcanzable.
Además, según Hess, el discurso republicano ha sido tremendamente incoherente, ya que por un lado se han opuesto a la discriminación positiva racial del Gobierno, mientras que en la ley de 2001 exigen "a los estados clasificar a cada estudiante según su raza y a continuación dar parte de sus notas e imponer las sanciones sobre esa base".
Sin duda, el zar de los huevos se sentiría como en casa en estos Estados Unidos cada vez más johnsonianos.