La redistribución desenfrenada de la riqueza ya se ha convertido en la norma. También lo es esto: la redistribución exacerba la voracidad natural del Gobierno y corrompe el Estado de derecho. Esta degeneración del Gobierno queda plasmada en las transferencias de renta que ha decretado la asamblea legislativa de Illinois desde los casinos flotantes a los hipódromos.
Illinois dispone de nueve casinos flotantes con licencia y de cinco hipódromos. En 2006, Illinois (en realidad los grupos de presión relacionados con las carreras de caballos, que realizaron considerables donaciones a la campaña del gobernador Rod Blagojevich) decretó que se transfirieran el 3% de los ingresos netos de los casinos más rentables a los hipódromos; en teoría, con el objetivo de "compensar el impacto negativo que han tenido los casinos sobre los hipódromos". Esta impuesto, ampliado hasta 2011, confiscará alrededor de 100 millones de dólares.
Siguiendo esta misma lógica, ¿qué puede impedir a nuestros legisladores que decomisen los beneficios de Wal-Mart y se los regalen a los pequeños comerciantes? ¿O que se los arrebaten a las cadenas de droguerías y se los entreguen a las farmacias del barrio? Pues por lo visto, no se lo impedirá los restos y despejos de las cláusulas sobre asuntos tributarios que contiene la Constitución.
La Quinta Enmienda reza que la propiedad privada "no será expropiada para uso público sin justa compensación". Las 50 constituciones estatales también contemplan la expropiación mas sólo a efectos de uso público. Pero el Tribunal Supremo de Illinois se saltó por las bravas la cuestión del uso público. El tribunal se limitó a afirmar que está suficientemente asentado que la cláusula de compensación en caso de expropiación se limita sólo al caso de terrenos, edificios y demás propiedades tangibles o intelectuales... pero nunca al dinero.
Pero los pronunciamientos dispares sobre la materia en los distintos tribunales estatales prueban que el tema sólo se ha cerrado en falso. Por ese motivo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos debería aceptar el caso y rechazar la absurda idea de que el dinero no queda amparado por la Quinta Enmienda. De paso, también podría reconsiderar su sentencia de 2005 en la que vaciaba de significado la limitación de las expropiaciones para el "uso público".
Los redactores de la Declaración de Derechos pensaron que con el adjetivo "público" se estaba restringiendo la expropiación para los casos directamente relacionados con el Estado o que fueran de interés general, como las carreteras, los puentes o los edificios públicos. En 1954, el Tribunal Supremo amplió el significado de "uso público" para declarar constitucionales las expropiaciones destinadas a combatir cualquier "plaga" que sea perjudicial para la comunidad.
En 2005, sin embargo, en un veredicto resuelto por mayoría simple, el Tribunal rebajó de forma radical el significado restrictivo de "uso público" afirmando que "promover el desarrollo económico" es una finalidad pública suficiente. La corte confirmaba de este modo la decisión del Ayuntamiento de New London de expropiar un barrio entero de clase media para entregarle los terrenos a unas empresas privadas que, al ser más ricas que sus anteriores dueños, también les proporcionarían mayores ingresos fiscales. Así, sólo hace falta que las expropiaciones proporcionen algún tipo de beneficio público futuro, por muy indirecto, tangencial e infundado que sea.
En un escrito del American Legislative Exchange Council a la asamblea legislativa de Illinois, critica la fiscalidad depredadora bajo el siguiente argumento:
Suponga que el Congreso, ansioso por ayudar a la prensa escrita debido a la amenaza competitiva que le suponen las nuevas tecnologías, decide regalarles un porcentaje del patrimonio de Bill Gates y de media docena de propietarios de empresas tecnológicas. ¿Acaso no sería inconstitucional ese proyecto para tomar y repartir dinero? Utilizar la ley para atacar a personas o empresas conocidas y concretas con el objetivo de transferir su renta a personas o entidades igualmente conocidas, seguramente plantee dudas en cuanto al principio de igualdad ante la ley. Sin duda alguna, una asamblea legislativa puede aprobar un impuesto sobre los casinos si el destino de la recaudación se decide por el típico tira y afloja politiquero. Pero el gravamen sobre los casinos de Illinois es una transferencia entre bolsillos privados, sin ni siquiera molestarse a blanquear el dinero mediante las arcas públicas.
El Tribunal Supremo viene manteniendo que "la propiedad de una persona no será arrebatada en beneficio de otra sin un fin público que lo justifique". Pero aprovechando el veredicto de la corte en el caso de New London, la asamblea de Illinois espera que los tribunales respeten su decisión de transferir riqueza desde los casinos a los hipódromos baja el fin social de "favorecer a granjeros, ganaderos y aficionados a las carreras de caballos".
La anulación de facto por parte del Tribunal de la restricción del "uso público" anima a la anarquía, situación que se prolongará mientras no se reconozca que la Constitución protege el dinero –como otra forma de propiedad– frente a los robos flagrantes. Con esto podríamos comenzar a restaurar el significado auténtico de la cláusula de "uso público".