Debería haber dos tribunales supremos, uno para revocar veredictos del Tribunal de Apelaciones de la novena jurisdicción de los Estados Unidos y el otro para todos los demás casos. En el último mandato llegó más trabajo al Tribunal Supremo –18 de 82 casos (el 22%)– de esa progresista jurisdicción, radicada en San Francisco, que de ninguna otra. Y la Corte se pronunció en contra de la novena en quince de los dieciocho casos. El porcentaje de triunfos de la novena jurisdicción (16,7%) fue peor que el de los Mets en 1962 (25%). Y en el primer veredicto de este nuevo mandato, el Tribunal Supremo se pronunció en contra de ese tribunal inferior en el caso de Fernando Belmontes.
Con el fin de, como explicó a uno de sus cómplices, "quitar de enmedio a un testigo", Belmontes asestó alrededor de 20 golpes con una pesa metálica para matar a Steacy McConnell, a cuya casa había entrado a robar. Salió cubierto con su sangre y llevándose su equipo estéreo, que vendió por 100 dólares. Ella tenía 19 años. Belmontes la mató hace 25 años.
¿Cómo alcanzó la jurisprudencia sobre la pena capital su presente condición barroca, en la que los casos duran más de lo que vivieron las víctimas de asesinato? Pues lo hizo gracias a jueces como Stephen Reinhardt, un residuo de la presidencia de Jimmy Carter, que dice que ese "robo de Montes que salió mal" carecía "de elementos especialmente repugnantes".
Belmontes fue condenado por asesinato "con agravantes", lo que le hace candidato a la pena de muerte. En la fase del veredicto del juicio, el jurado escuchó sus crímenes anteriores, que incluyen apalear severamente a su novia embarazada un mes antes de matar a McConnell. Belmontes argumentó que tuvo un padre alcohólico y abusador y que se había convertido al cristianismo (antes de golpear a su novia). También destacó –esto se podría llamar "mitigación anticipada"– que se había portado bien en las encarcelaciones previas y que contribuiría a la sociedad si era condenado a vivir toda su vida en el estructurado entorno de una prisión.
El abogado de Belmontes solicitó al juez del caso que instruyera específicamente al jurado para que considerase la capacidad de Belmontes de vivir aceptablemente en prisión. En su lugar, el juez utilizó "las instrucciones paliativas genéricas " de California, que fueron declaradas constitucionales en 1990. Ordena a un jurado que examina la posibilidad de la pena capital que considere muchas cosas (por ejemplo, el uso de la fuerza o la violencia, la edad del demandante, cualquier alteración mental o emocional extrema, condenas de felonías previas). La defensa de Belmontes se centró en si el jurado comprendió que una de las situaciones –considerar "cualquier otra circunstancia que atenúe la gravedad del crimen"– podría incluir la consideración de si la cadena perpetua podía ser un castigo apropiado.
Reinhardt, dictaminando por el dividido panel de tres jueces de la novena jurisdicción, revocó la pena capital de Belmontes porque el juez del caso "no instruyó al jurado de lo que se le exigía considerar", lo que Reinhardt consideraba que era "la principal prueba" de Belmonte para reducir su pena: su aptitud para la vida en prisión. El lunes, el Tribunal Supremo dictó sentencia 5 a 4 en contra de la jurisdicción novena.
El juez Anthony Kennedy, apoyado por el presidente del Tribunal John Roberts y los jueces Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito, argumentó que existía una probabilidad razonable de que el jurado sopesara "el futuro potencial" de Belmontes. El juez John Paul Stevens, apoyado por los jueces David Souter, Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer no estuvieron de acuerdo, argumentando que, puesto que el juez del caso nunca dijo explícitamenteal jurado que tenía queconsiderar la capacidad de Belmontes para vivir satisfactoriamente en prisión, existe "la probabilidad razonable" de que el jurado no lo considerase.
Los tribunales han convertido la administración de la pena capital en un conjunto tan vasto de oscuros procedimientos legales que los detractores judiciales de la pena capital tienen espacio más que de sobra para especular que quizá un jurado no ejerció por completo sus derechos y deberes, y que por tanto el castigo no es admisible. Y Steacy McConnell pasa a ser historia.
Parece grotesco que una ejecución se dilate a un cuarto de siglo después del crimen. Es algo repelente en las disquisiciones sobre minucias procesales que consumen décadas, cambian las conclusiones de las deliberaciones de los jurados y niegan a la sociedad la aplicación de un castigo que ha apoyado.
El abogado de Belmontes llama al veredicto del lunes "un revés indeseable" pero cita "otros motivos", tales como la calidad del abogado de oficio de Belmontes, que la novena jurisdicción no trata. Bien, parece que siempre hay una próxima vez.
El Tribunal Supremo escuchó recientemente las alegaciones de otro caso de pena de muerte. La cuestión a juicio es: Jim Studer y sus padres llevaban un distintivo mostrando una fotografía en el juicio en San José del hombre que asesinó hace doce años al hermano de Studer. El panel de tres jueces del tribunal de apelación, dividido dos a uno, revocó la condena, argumentando que el distintivo interfería en el derecho del acusado a recibir un juicio justo porque la insignia enunciaba "el mensaje específico" de que el hombre asesinado era "la parte inocente" y que el acusado era "culpable".
La jurisdicción del tribunal era la novena. El autor de ese veredicto era Reinhardt. Restaurar el respeto a dicho tribunal después de eso, y de él, es una labor hercúlea.
