Criticar indiscriminadamente al presidente George W. Bush es una enfermedad infecciosa. Algunos conservadores parecen haberla cogido, pero los demócratas del Congreso podrían acabar en fase terminal por ella.
Considere el reflexivo rechazo de algunos conservadores al logro de esta administración –con China, Rusia, Japón y Corea del Sur– de un acuerdo que podría estrangular el programa de armamento nuclear de Corea del Norte. Manifestando lo obvio, eso sí, con cierto aire de originalidad, los críticos afirman que Corea del Norte es un embustero en serie. Y, haciéndose eco del igualmente reflexivo menosprecio al acuerdo por parte de algunos izquierdistas, estos conservadores afirman que no es significativamente distinto del fracasado acuerdo del presidente Bill Clinton de 1994.
El nuevo acuerdo podría no meter en cintura a Pyongyang. No obstante, equivalente al de 1994, en al menos tres puntos.
En primer lugar, China estaba furiosa con la prueba nuclear de octubre de Corea del Norte, la cual fracasó pero supuso un gesto desafiante hacia el gigante asiático. Así que ahora China parece dispuesta a presionar seriamente sobre su mendicante vecino, que depende sustancialmente de China en lo que a energía y alimentos se refiere.
En segundo lugar, el nuevo acuerdo, como el pacto de 1994, es una tentativa de modificar el comportamiento coreano mediante el soborno. Pero bajo el acuerdo de 1994, Corea del Norte recibió el soborno –la asistencia energética– antes de que se le exigiera cambiar de actitud. Bajo el nuevo acuerdo, Corea del Norte sólo recibe el 5% del combustible prometido –50.000 de entre un millón de toneladas de crudo– antes de tener que cumplir, en 60 días, el primero de los muchos compromisos que ha asumido.
En tercer lugar, la administración está segura de haber encontrado el medio de presión que movió a Pyongyang en el Banco Delta Asia. La entidad financiera de Macao fue presionada para congelar 52 cuentas bancarias que contenían 24 millones de dólares –sí, millones, no miles de millones– de activos norcoreanos porque Pyongyang los había estado utilizando para fines ilícitos. Si Pyongyang se estremeció al ser privado de 24 millones de dólares (menos de lo que los americanos gastan en un mes en equipo para el tiro con arco), es que su umbral de dolor es tan bajo que sugiere lo frágil y, por tanto, contenible que es el régimen.
Con respecto a Irak, el Congreso controlado por los demócratas podría hacer lo que dicen que haría un presidente demócrata: retirar las fuerzas norteamericanas. Un presidente podría simplemente dar la orden; el Congreso podría retirar la financiación a las operaciones militares en Irak. Los demócratas del Congreso, sin embargo, tienen miedo de hacerlo porque carecen del valor de obrar según su (supuesta) conciencia, que les dicta que Irak se tranquilizaría retirando las fuerzas norteamericanas.
De modo que se disponen a frustrar al presidente imponiendo restricciones sobre el uso del ejército. Las restricciones aparentemente conciernen al estado de preparación de las tropas, pero en realidad están diseñadas para evitar su despliegue en Irak.
El pasado sábado, los republicanos del Senado bloquearon una votación sobre una resolución de desaprobación a la política del presidente porque los demócratas no permitirían una votación sobre una resolución afirmando que el Senado no suspenderá los fondos para las tropas sobre el terreno. La resolución habría obligado al Senado a no seguir el camino que muchos demócratas están ya recorriendo de puntillas.
Suponga que los demócratas redactan sus restricciones sobre el uso de la fuerza en la misma ley presupuestaria que financia la guerra. Y suponga que el presidente firma esa ley pero ignora las restricciones, declarándolas usurpaciones inconstitucionales de sus poderes como comandante en jefe. ¿Qué podrían hacer los demócratas? ¿Cruzar First Street y pedir al Tribunal Supremo que obligue al presidente a acatar la microgestión de la guerra impuesta por el Congreso? El tribunal probablemente rechazaría involucrarse en semejante embrollo con el argumento de que es una "cuestión política".
Los demócratas carecen de la voluntad para ejercer su poder claramente constitucional de privar de fondos a la guerra. Y carecen del poder para lograr ese fin usurpando los poderes del comandante en jefe que está llevando a cabo una guerra.
Pueden dedicar este año a promulgar cínicamente y sin escrúpulos restricciones que no restringen. O pueden legislar el fracaso decisivo de la operación de Irak (la retirada) adquiriendo así una complicidad bien visible en una derrota que, de todos modos, podría ser inevitable. ¿Una decisión imposible de tomar? No, una sobre la que Nancy Pelosi y Harry Reid deben pronunciarse.
