Hace poco menos de dos años, con esa típica insensibilidad del nacionalismo vasco hacia las víctimas del terrorismo, el actual consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, dijo a la prensa que el verdadero enemigo de ETA era el PNV. No, claro, porque fuera atacado por el crimen nacionalista más que otros, sino porque era el que podía “minar su estrato social de apoyo”. Esa es la pelea en la que ahora están. Si la primera edición del Pacto de Estella fracasó porque los pistoleros presionaron más de lo que el posibilismo del PNV podía aceptar a corto plazo, ahora el partido de Sabino Arana quiere dar muestras de arrojo, plantar cara al Estado, sumar los votos más radicales con una mimética aceptación del programa etarra y convertirse en los dominadores del conglomerado nacionalista. Todo vale para ello y, tras las ofertas de colaboración, viene, como ha ocurrido este martes, la vuelta a pedir el acercamiento de presos de la banda al País Vasco.
Pero no es sólo una lucha por la hegemonía en el seno del nacionalismo. Para lograrla, los que pierden –sin que al nacionalismo le duela– son los ciudadanos, las libertades y los derechos humanos. En definitiva, la democracia. Para que el PNV se haga con el control del nacionalismo, colocando a ETA de su lado –nunca terminando con ella–, se pergeña un plan totalitario y se pretende, con la coacción, el desistimiento de los no nacionalistas. La tregua parece el señuelo, pero ya tenemos experiencia de estas trampas: ETA vigilante, rearmándose, mientras la política le hace el trabajo sucio. Lo que nos ofrecen es la dictadura.
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