Tienen ustedes en Libertad Digital un relato pormenorizado de un episodio carnavalesco que, si resulta inaceptable en todo asunto relacionado con la Administración de Justicia, en el de Batasuna y la oposición del Parlamento Vasco a cumplir los autos del juez Garzón termina siendo vergonzoso.
Garzón comunica a la Fiscalía General las resoluciones del parlamento autonómico y de las Juntas Generales de Vizcaya a instancias del fiscal adscrito a su juzgado, que debía haber sido el remitente de las mismas. Cardenal remite el escrito al fiscal Molina y éste elabora un informe considerando procedente que la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estudie si en la negativa a cumplir los autos hay o no indicios de delito ya que, al ser aforados los implicados, no es competencia de la Audiencia Nacional. Como parece que al Fiscal General no le gustó, remite el suyo propio no a Molina ni a la fiscalía del TSJPV, sino a Garzón, que se lo devuelve con indisimulada ironía señalando que “adjunto le devuelvo el escrito para quien lo haya solicitado...”
Pero me deja aún más estupefacto que este desgraciado trasiego de papeles, el fondo del informe de Cardenal. Que la suspensión de los grupos parlamentarios de Batasuna no es un hecho jurídico automático tras los autos de suspensión de HB-EH-Batasuna es una evidencia y el propio Cardenal señala que está indicado en aquellos que hace falta una decisión de la Cámara, que es precisamente lo que se insta. Pero señalar, como hace el Fiscal General, que, como lo que aquellas instituciones alegan es la “imposibilidad de ejecutar” el auto, no se pueden iniciar acciones legales porque no adoptaron la decisión de “no querer cumplirlos”. Cuando la jerga leguleya es tan contraria al sentido común, hay que sospechar.
¿Qué han hecho las Juntas Generales de Álava, que sí dieron cumplimiento al auto de Garzón? ¿Hacer posible lo imposible? ¿Saltarse la legalidad? ¿En qué demonios estaban pensando los servicios jurídicos de la Cámara vasca cuando indicaron que, al margen de valoraciones políticas, el auto debía cumplirse? ¿Podemos todos alegar, sin más, que nos resulta imposible cumplir las resoluciones judiciales y quedarnos tan tranquilos, seguros de tener el amparo del Fiscal General? ¿En qué lugar queda el Gobierno, del que depende Cardenal, después de insistir en que “hay que cumplir las resoluciones judiciales”?
Cardenal, en todo caso, podía haberse callado y atender otros asuntos urgentes que sin duda tiene sobre la mesa: su informe es innecesario si el asunto correspondía a la fiscalía del TSJPV y este aún no ha dicho nada. Y, además, debería explicarnos el fondo del asunto: ¿por qué es imposible ejecutar el auto? ¿Sólo porque los implicados lo afirman? ¿Ocurrirá lo mismo si Batasuna, además de suspendida, termina siendo, como es de esperar, ilegalizada? ¿Tiene algún sentido que sigan existiendo esos grupos parlamentarios dependientes de una organización terrorista? Demasiadas preguntas para un Cardenal tan carnavalesco.
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