Desde que el PP prometió abolir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la Izquierda ha intentado justificar su oposición alegando que esta medida sólo beneficiaba a los ricos. A raíz de la propuesta de Chaves de reformar en Andalucía este impuesto, uno de los gurús de la izquierda, Joaquín Estefanía se ha planteado desde su tribuna dominical de El País formular los principios de la defensa del impuesto. Ha venido a decir que el ISD es justo porque reduce las desigualdades al recaer sobre quienes más tienen provocándose el milagro de "la igualdad de oportunidades". Para Estefanía una cosa es reducir el impacto del ISD en la clase media como pretende hacer Chaves pero lo que resulta inadmisible es abolirlo porque eso impediría limitar "la capacidad de los poderosos para formar dinastías de ricos que se perpetuarían sin limitaciones".
A la izquierda irredenta, como a Estefanía, los argumentos que manejan aquellos que quieren suprimir este impuesto les parecen meramente "instrumentales". Por ejemplo que los más ricos no lo paguen porque la ley ya ha establecido una exención a la sucesión y donación de empresas familiares, lo cual supone que las dinastías siguen existiendo sin necesidad de la "ingeniería fiscal y contable" que menciona Estefanía. Si además se supone que en algunas comunidades se exime de su pago a los descendientes, como también reconoce Estefanía, y para colmo estamos ante un impuesto que recae sobre bienes que ya habían sido gravados, ¿por qué no eliminarlo máxime cuando su capacidad recaudatoria es escasa?
Afortunadamente, todavía hay personalidades relevantes en la Izquierda que conservan el sentido común y se niegan a hacer demagogia al estilo de Caldera y Estefanía. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que fue ministro de Justicia con el PSOE, tras haber recibido numerosas quejas de contribuyentes de toda España, aboga por la supresión del impuesto en las herencias directas a nivel nacional –puesto que se trata de un tributo estatal aunque cedido a las comunidades autónomas–, sin esperar a que los gobiernos regionales tomen la decisión de no cobrarlo. Y los argumentos que utiliza son, precisamente, esos que Estefanía considera “instrumentales”: desigualdad (los ricos no lo pagan), escasa recaudación, doble tributación, confiscatoriedad; en una palabra, inconstitucionalidad.
Se pueden añadir otros muchos argumentos, como ha hecho Luis Manuel Alonso en su imprescindible obra La inconstitucionalidad del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, mas la izquierda irredenta seguirá obviándolos porque le resulta preferible apelar a la demagogia para evitar un deseado cambio legislativo. Por cierto, ¿abrirán también un expediente disciplinario en el PSOE a Enrique Múgica por “coincidir” con el PP?
Gorka Etxebarria es asesor fiscal
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