Se acaban de dar a conocer unas medidas del Gobierno que aparecerán en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado por las que se bonificará fiscalmente a los agricultores y demás colectivos “damnificados”(sic) por la subida del precio del crudo. El coste para el Estado de las mismas rondará los 50.000 millones de pesetas frente a los 37.500 que resultaría de la reducción del Impuesto de Hidrocarburos. ¿Será porque en muchas partes de Europa, se viven manifestaciones en contra de la subida del crudo? Mientras tanto, la Comisión Europea ha notificado que los subsidios y los beneficios fiscales otorgados a los transportistas pueden constituir competencia desleal.
Básicamente, estamos ante un serio dilema: por un lado la presión fiscal en forma de impuestos especiales a los hidrocarburos es altísima y, por otro, hasta la fecha, a ciertos colectivos (agricultores y transportistas) se les ha reducido el gravamen sobre los gasóleos. La primera parte del dilema conduce al replanteamiento de algunos impuestos porque distorsionan la estructura productiva. No podemos olvidar que los precios no van a servir como señales que indican dónde hay escasez para paliarla al estar siendo desfigurados por los impuestos. Otra de las cuestiones de las que nadie habla es por qué se justifica una alta tributación alegando que hay que conservar los recursos cuando sólo unos precios libremente formados en el mercado nos avisarán de que es necesario cambiar de energía por su insuficiencia o construir nuevos motores más económicos.
La segunda parte de la disyuntiva es aún más traumática si cabe: ¿por qué unos señores logran la bendición de los gobiernos y no pagan tantos impuestos como los demás? Si el resto de los mortales se desplaza al trabajo en coche, lo lógico sería que también gozaran de una reducción en los tributos sobre la gasolina. La respuesta desgraciadamente es muy sencilla: se ha creado una dinámica parasitaria donde si uno no se organiza no se lleva un trozo de tarta. Basta con que un grupo de personas se una y se ponga a solicitar ayudas a voces. Como el ruido se escucha y el silencio no, y ser generoso con el dinero de los demás ( lo que hacen los políticos) es facilísimo porque se ven los beneficios de dichas medidas -mientras que el perjuicio se dispersa entre muchos-, son los grupos de presión los que dirigen a todos los gobiernos del mundo.
La conclusión resulta estremecedora: el intervencionismo propio del Estado del Bienestar crea conflictos a base de subsidios y ayudas. Especialmente cuando se corta el grifo. Y tales grupos creen que tienen “derecho” a lo que perciben. De este modo, unos pasan a ganar a costa de otros y el parasitismo se enquista en la sociedad. Además, los subsidios penalizan a los eficientes en beneficio de los ineficientes.
Gracias a Dios, la UE acabará imponiendo algo de sentido común en esta materia y frenará el desmadre de las subvenciones que son una clara discriminación y un atentado al principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Parece que no son los ricos los que mejor viven en este sistema, sino los que se dan ínfulas de pobres.
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