A la vista está que con Zapatero no existen límites para el deterioro. Después de perder más de ocho cientos mil puestos de trabajo el año pasado, acabamos de estrenar el 2010 con 124.890 parados más, según los datos hechos públicos por los Servicios Públicos de Empleo. De este modo, el desempleo sube por sexto mes consecutivo y encadena los tres peores meses de enero desde que se realizan estadísticas. Aunque este mes suele ser un periodo de subidas, nunca había sido tan negativo como en los últimos ejercicios. En 2008 se incrementó en 132.000 personas y el año pasado en 198.838, el peor dato registrado nunca.
Con el aumento del mes pasado, el número total de parados supera los cuatro millones, en concreto 4.048.493, la mayor cifra desde la que existen datos comparables. Eso, sin contar con los 455.845 parados –los llamados Demandantes de Empleo no Ocupados y los Demandantes de Empleo Especiales con disponibilidad habitual– que, como es habitual, el Ministerio de Corbacho arteramente contabiliza aparte.
No vamos a dedicar un minuto a las declaraciones con las que los miembros del Gobierno tratan de maquillar la extrema y al tiempo creciente gravedad de la situación. Más importancia tiene comentar las propuestas para la reforma laboral que el Ejecutivo tiene previsto presentar en el Consejo de Ministros de este viernes y que tendrá que negociar con patronal y sindicatos. A la espera de conocer las medidas concretas, ya podemos afirmar que, en el mejor de los casos, la propuesta de reforma laboral del Gobierno llega tarde. Es una auténtica vergüenza que el Gobierno de Zapatero haya esperado a que la cifra de parados en nuestro país se haya duplicado respecto a la que había hace dos años y medio para acometer unas reformas que ya eran necesarias desde mucho antes. Para colmo, nada garantiza que las propuestas del Ejecutivo de Zapatero vayan en la buena dirección, tal y como lo sería una liberalización profunda de nuestro mercado laboral.
Es evidente que llegado a este nivel de deterioro, los salarios deben ajustarse a la productividad para recuperar competitividad, tal y como sin tapujos acaba de recomendar para España el responsable del FMI, Olivier Blanchard. El Gobierno debería así mismo dotar de mayor flexibilidad para reubicar geográfica y funcionalmente a los trabajadores, así como enterrar su oposición a la contratación con menor indemnización por despido. Estas y otras reformas destinadas a la liberalización del mercado laboral, unidas a una reducción de la presión impositiva y una drástica contención del gasto público, constituyen la vía correcta para evitar la destrucción de empleo y lograr la recuperación... tal y como ya sucedía hace tres años.
Sin embargo, de un Gobierno que se ha negado sistemáticamente a plantear soluciones para no tener que admitir la existencia misma del problema; que lo deja todo –incluida su propia acción de Gobierno– al consenso de los agentes sociales, para no tener que enfrentarse a la rémora que suponen los sindicatos; y que lo único que ha hecho es agravar la situación tratando de evadirse de ella a través del gasto y el endeudamiento público, nada cabe esperar que no sea seguir malgastando el tiempo y el dinero de los contribuyentes bajo la excusa del diálogo social.
Lo malo es que, a la vista está, ese tiempo perdido se seguirá traduciendo en una mayor destrucción de empleo y en un serio deterioro de la situación financiera de nuestras familias, empresas y administraciones públicas.