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Guillermo Dupuy

El entierro del "chivatazo" a ETA

Lo que sabemos es que unos agentes informaron al aparato de extorsión de ETA de algo que sólo policías podían conocer, y de que, al hacerlo, perpetraron un delito que deberia tener consecuencias políticas, que incluso podrían ser penales, para el Gobierno

Guillermo Dupuy
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Una de las más bochornosas trampas que perpetró el Gobierno de Zapatero durante su negociación con ETA, con el objetivo de hacer creer a los españoles que los etarras estaban en mejor disposición que la que los mismos terroristas decían que estaban, fue la de asegurar a la opinión pública que se había "verificado" su supuesta voluntad de abandonar definitivamente la violencia. La realidad, sin embargo, es que bastaba leer los comunicados de la banda para "verificar" que en realidad estábamos ante otro chantaje en el que los terroristas condicionaban claramente la continuidad de esa prenegociada tregua a la consecución de aquellos objetivos totalitarios y secesionistas por los que habían matado y también convocado treguas en el pasado.

El Ejecutivo, sin embargo, maquillaba tanto la situación, que recuerdo que Rubalcaba llegó incluso a afirmar que al Gobierno "no le constaban" las extorsiones a empresarios vascos y navarros, aun cuando estos las habían denunciado y hasta los propios terroristas las habían justificado en Gara por "razones de financiación" (que estos consideraban que no estaban incluidos en los "compromisos adquiridos" con el Gobierno previos a la tregua).

En este contexto de mentira institucionalizada en favor de los contactos con ETA, el diario El Mundo desveló que dos policías habían alertado a uno de los responsables del aparato de extorsión de ETA, Joseba Elosúa, de que le estaban a punto de pillar con las manos en la masa, cuando llevara dinero de los extorsionados a Francia, como resultado de una vigilancia policial ordenada por el juez Grande Marlaska. Así se lo relató Elosúa en conversación telefónica a su cuñado, sin saber que su conversación estaba siendo grabada. La grabación acabó en manos de Marlaska, quien estaba, por aquel entonces, al frente del juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional mientras Garzón disfrutaba de su peculiar permiso en Estados Unidos.

Marlaska puso en marcha inmediatamente una investigación para esclarecer el chivatazo. Ordenó a la Policía y a la Guardia Civil que elaboraran sendas investigaciones en paralelo, al tiempo que apartaba de las pesquisas y de la investigación al entonces comisario general de información, el conocido Telesforo Rubio. Parece ser que la Guardia Civil avanzaba con paso firme para poner nombre y cara a los autores de la delación. Pero entonces Garzón regresó a la Audiencia, y tanto la investigación sobre el entramado del "impuesto revolucionario" como la pieza separada sobre el chivatazo quedaron en sus manos. La Guardia Civil fue apartada inmediatamente de las pesquisas que quedaron en manos únicamente de la Policía Nacional.

No sé si el llamamiento del fiscal general del Estado a jueces y fiscales para que no se convirtieran en "obstáculos" del proceso de paz, o el espaldarazo público que el propio Garzón dio a este "proceso" bajo la premisa de que "por la paz hay que hablar hasta con el diablo", tuvieron algo que ver. Pero el caso es que la personación en la causa por parte de la Asociación Víctimas del Terrorismo levantó un innegable malestar tanto en la Fiscalía como en el Juez de Instrucción. Tal es así que, rompiendo con la tradición, el magistrado, avalado en todo momento por la Fiscalía, exigió una bochornosa fianza a la AVT para poder ejercer la acusación en este pleito en el que se actúa contra ETA.

Desde entonces prácticamente las únicas noticias que se han tenido del asunto, al margen de la "exculpación" del jefe de seguridad del PSOE, Fernando Mariscal, es que las pesquisas se encontraban en vía muerta y que el Ministerio del Interior no tenía a ningún agente tratando de averiguar quiénes dieron el chivatazo.

Ahora el fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha pedido el archivo de la causa, en la que aparecen imputados el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo y dos agentes de Bilbao y Vitoria. El fiscal alega que en estos casi tres años no se ha podido averiguar con certeza quien es el responsable. Viendo el interés que se han tomado en estos años el Ministerio del Interior, el juez y la Fiscalía, uno está tentado en darle la razón. Sin embargo, y por mucho que Elosúa no haya podido identificar a las personas que le dieron el soplo, lo que es un hecho es que este siempre los identificó como policias o como "un madero y su compañero", tal y como dijo en la grabación. Lo que sabemos, con toda la presunción de inocencia que queramos darles a los imputados, es que unos agentes policiales, identificándose como tales, informaron al aparato de extorsión de ETA, bien de motu propio, bien siguiendo órdenes de sus superiores, de algo que sólo ellos podían conocer, y de que, al hacerlo, perpetraron lo que puede ser considerado como un delito de colaboración con banda armada. Y que eso tiene consecuencias políticas, que incluso podrían ser penales, para los miembros del Gobierno.

En su conversación interceptada, Elosúa aseguraba a su cuñado que los agentes le habían justificado el soplo para "no fastidiar el proceso". De lo que podemos estar seguros es que a quien no va a "fastidiar" el entierro judicial de este chivatazo es al Gobierno.

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